Según informó el Ministerio Público, la denuncia está relacionada a “la solicitud de dinero” que habría hecho Pedro Castillo a Geiner Alvarado “a cambio de mantenerlo en el cargo de ministro de Vivienda”. El exministro ocupó ese puesto desde el inicio de la gestión castillista hasta el 5 de agosto del 2022, cuando lo dejó para asumir como ministro de Transportes y Comunicaciones, cargo del que fue censurado al mes siguiente.

LEE TAMBIÉN | De acusado junto con Villarán a implicado en las firmas falsas: ¿quién es Marco Zevallos?

El Comercio conoció que, dentro de la denuncia, se atribuye a Pedro Castillo haber hecho esas solicitudes de dinero hasta en cinco oportunidades, con distintos propósitos, entre septiembre del 2021 y mayo del 2022. En total, el ministro habría entregado personalmente al mandatario S/ 1,550,000, mientras que S/ 1,980,000 habrían sido entregados, a través del exasesor ministerial Salatiel Marrufo, a sus familiares. El expresidente niega la acusación.

En cuanto a Geiner Alvarado, se le imputa haber solicitado dinero a la empresaria Sada Goray, representante del conglomerado Markagroup, través de su asesor Salatiel Marrufo, hoy colaborador eficaz del Ministerio Público. Esto “a cambio del reemplazo del presidente y miembros del directorio del Fondo Mivivienda (FMV)”, en el que la empresaria tenía intereses.

“Además, se habría beneficiado con S/ 376 millones que el Ministerio de Economía y Finanzas habría asignado al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para financiar programas del FMV”, detalló la Fiscalía de la Nación en un comunicado difundido este jueves. La defensa legal de Geiner Alvarado rechaza todas las imputaciones.

Finalmente, a Félix Chero le imputa haber pedido dinero a Geiner Alvarado a cambio de reemplazar al titular de la Superintendencia Nacional de Registros Público (Sunarp), lo que habría sido solicitado por el exministro de Vivienda a Pedro Castillo. El exintegrante del gabinete también rechaza el señalamiento.

La denuncia constitucional es fruto de una investigación preliminar iniciada por la Fiscal de la Nación por estos hechos el 7 de diciembre del 2022. Concluida esa fase de la indagación, el Ministerio Público requiere que el Congreso apruebe la denuncia para levantar el antejuicio de los tres exaltos funcionarios involucrados.

Si la denuncia constitucional se aprueba, el Ministerio Público podrá seguir investigándolos, se podría iniciar un proceso judicial ante la Corte Suprema y eventualmente se les podría llevar a juicio. La velocidad con que ello ocurra dependerá de que el Congreso, a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, le dé tramite al requerimiento de la fiscalía.

Según han confesado tanto Salatiel Marrufo como Sada Goray, esta acordó pagarle al primero -quien era jefe del gabinete de asesores de Geiner Alvarado- una coima de S/ 4 millones. Según conoció El Comercio, esta es la versión que recoge la Fiscalía de la Nación en su denuncia constitucional, ya que la versión de Marrufo es que los pagos fueron de hasta S/ 5.4 millones.

El acuerdo habría ocurrido en agosto del 2021, a poco de iniciadas las gestiones de Pedro Castillo como presidente y de Geiner Alvarado como ministro.

Durante una reunión en un departamento del periodista Mauricio Fernandini, Sada Goray habría solicitado el cambio del presidente y los directores del FMV, entidad adscrita a su sector, para que un convenio entre Marka Group y la entidad pueda ser aprobado. La firma de ese convenio era beneficioso para el grupo empresarial porque le permitía otorgar créditos hipotecarios para las personas que querían adquirir inmuebles de MiVivienda en sus proyectos.

Para el Ministerio Público, Salatiel Marrufo intervino en esa reunión a nombre del ministro Geiner Alvarado para solicitarle a Sada Goray el pago de los S/ 4 millones, a lo que ella accedió. La tesis fiscal es que el trato se cumplió: la empresaria pagó en partes lo pactado y el ministro cumplió con gestionar el cambio de las cabezas del FMV, a través de oficios enviado al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), el conglomerado que conforman las empresas del estado.

Estos hechos fueron investigados inicialmente por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), que contó con las confesiones de Sada Goray, Salatiel Marrufo y otros delatores. Por esos hechos, Sada Goray, Mauricio Fernandini y otros investigados estuvieron bajo prisión preventiva. Salatiel Marrufo también cumplió esa medida, pero por otra investigación ligada al gobierno de Pedro Castillo (‘Gabinete en la Sombra’). Hoy todos son investigados bajo libertad con restricciones.

No obstante, el Eficcop no tenía facultad para investigar a Geiner Alvarado debido a su antejuicio (inmunidad) como exministro. Por ello, lo relacionado a él fue derivado a la Fiscalía de la Nación, que sí tiene facultades para investigar a ministros y presidentes.

Dentro de los hechos atribuidos propiamente al exministro, la fiscalía señala que, a inicios de septiembre del 2021, este y funcionarios de su sector se reunieron con sus pares del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Allí habría acordado que se transfieran S/ 376 millones para financiar proyecto del FMV.

Según el Ministerio Público, esto fue usado para por Geiner Alvarado y Salatiel Marrufo para que este último pida un nuevo pago a Sada Goray, quien habría ofrecido pagar un equivalente al S% 2.5 de esa cifra: S/ 9.4 millones (que ya comprendían los 4 millones por ellos cambios en el directorio del FMV). La empresaria habría aceptado, de acuerdo con la versión fiscal, siempre que la transferencia sirva para financiar los proyectos de MarkaGroup.

Los hechos derivados de la investigación del Eficcop también alcanzaron a Pedro Castillo.

De acuerdo con la denuncia constitucional, en septiembre del 2021, luego de una sesión del Consejo de Ministros, el jefe de Estado solicitó a Geiner Alvarado “apoyo económico” para movilizar a personas desde provincias a Lima para que apoyen su gestión. En repuesta, el exministro habría entregado S/ 50 mil a Pedro Castillo en su despacho en Palacio de Gobierno.

La fiscalía sostiene que, al mes siguiente, Pedro Castillo le dio a Geiner Alvarado el número de su hermana, María Gloria Castillo, para que esta se comunique con él y pida la contratación de personas que habían apoyado a su campaña electoral. No obstante, en lugar de ello, Salatiel Marrufo y Geiner Alvarado habrían acordado entregar S/ 10 mil a la hermana del presidente.

Pedro Castillo habría aceptado esa propuesta y habría requerido que también se “apoyara” económicamente a cada uno de sus hermanos. Así, según la imputación del Ministerio Público, Salatiel Marrufo dio S/ 60 mil mensuales a la hermana del presidente desde septiembre del 2021 y hasta en ocho oportunidades. La cifra total sería de S/ 480 mil.

Eso no es todo. La fiscalía también señala que, en noviembre del 2021, Pedro Castillo solicitó a Geiner Alvarado S/ 3 millones para pagar a congresistas de oposición y que la moción de vacancia admitida a trámite por entonces no consiguiese los votos para prosperar. Según la acusación, el ministro y Salatiel Marrufo solo accedieron a entregar S/ 1 millón, provenientes de los pagos de Sada Goray, a lo que el mandatario habría accedido.

Las entregas de dinero se habrían concretado en el Despacho Presidencial los días 3 y 9 de diciembre del 2021: S/ 500 mil en cada fecha. La primera fue una fecha previa a la votación y la segunda, luego de que la moción de vacancia fue rechazada. Los registros oficiales de Palacio de Gobierno acreditan que hubo reuniones esos días entre el presidente y su ministro de Vivienda.

En cada ocasión, el dinero habría sido llevado por Salatiel Marrufo, de su caja fuerte en el hotel donde se hospedaba al despacho ministerial de Geiner Alvarado, quien luego le habría entregado los montos personalmente al mandatario.

En abril del 2022, continúa la denuncia, Pedro Castillo solicitó a Geiner Alvarado S/ 500 mil soles para el juzgado que iba a resolver los pedidos de prisión preventiva contra sus sobrinos, Gian Marco Castillo y Fray Vásquez, y contra el exsecretario de su despacho, Bruno Pacheco. El monto habría sido entregado nuevamente en el Despacho Presidencial. No obstante, el juez sí dictó prisión preventiva para los tres.

En mayo del 2022, luego de se dictaron dichas prisiones preventivas, Pedro Castillo habría solicitado una nueva entrega a su ministro, esta vez por S/ 1.5 millón, para los jueces de la sala de apelaciones que iban a revisar las órdenes. Ese mes, la sala solo revocó la orden de captura de Gian Marco Castillo y confirmó la prisión preventiva de Bruno Pacheco y Fray Vásquez.

Para la fiscalía, la entrega habría sido realizada esa vez directamente por Salatiel Marrufo a Cledin Vásquez, sobrino del presidente, en su habitación de hotel, mediante dos paquetes envueltos en bolsas negras y cintas de embalaje. Luego, el asesor le informó de la entrega a Abel Cabrera (otro presunto ‘asesor en la sombra’) y a Geiner Alvarado, quienes a su vez se lo comunicaron a Pedro Castillo.

En total, de acuerdo con la tesis fiscal, las entregas de dinero atribuidas personalmente a Pedro Castillo suman S/ 1’550,00; mientras que las que habrían sido entregas a sus familiares suman S/ 1,980,000.

Sobre los hechos relacionados al exministro Félix Chero, la investigación del Eficcop apunta a que Sada Goray también buscó que se designe a un recomendado suyo como jefe de la Sunarp para su beneficio personal. Ese cargo es nombrado por el presidente y por el ministro de Justicia, cargo que por entonces tenía Félix Chero.

En la denuncia de la Fiscalía de la Nación se sostiene que luego de ese nombramiento, en abril del 2022, Félix Chero solicitó un pago a Salatiel Marrufo durante un encuentro en el restaurante del hotel donde estos se encontraban. Luego de esto, el asesor del ministro habría tomado S/ 50 mil de la caja fuerte en su habitación y se los habría entregado al integrante del gabinete.

El expresidente Pedro Castillo y los dos ministros hoy denunciados rechazan la imputación del Ministerio Público. Se espera que, en los próximos meses, se opongan a que el Congreso apruebe la acusación constitucional.

El abogado de Pedro Castillo, Luis Medrano Girón, dijo a El Comercio que su defendido “obviamente, rechaza toda imputación de entrega de dinero, sea por parte de Sada Goray, Salatiel Marrufo o a través de cualquier otro funcionario”. “El presidente jamás ha recibido dinero”, afirmó.

También rechazó que él haya tenido a Geiner Alvarado como ministro con fines ilegales. “Lo negamos en todos sus extremos y así lo vamos a hacer en todo este proceso”, indicó.

Medrano detalló que no se les ha notificado la denuncia constitucional del Congreso y esperan que esta les llegue la próxima semana para ejercer su defensa.

El penalista Humberto Abanto, defensor legal de Geiner Alvarado, también desestimó toda la imputación del Ministerio Público en la denuncia constitucional y la comparó con una obra de ficción. “Totalmente (lo negamos)”, dijo.

“Esperamos fervorosamente que la Fiscal de la Nación gane el Premio Casa de las Américas (galardón literario otorgado por Cuba) a la mejor obra de literatura ficción”, dijo a este Diario.

Durante la investigación del caso, la defensa del exministro ha rechazado que este haya sido parte de la trama de corrupción de Sada Goray y Salatiel Marrufo. Además, ha considerado que las declaraciones del exasesor que lo involucran en presuntos actos ilícitos no han sido corroboradas.

Pedro Castillo y Geiner Alvarado actualmente cumplen órdenes de prisión preventiva por otro proceso, por el que ya se les levantó la inmunidad: el de la presunta organización criminal liderada por el expresidente al interior de su gobierno. Ese caso comprende presuntas irregularidades en el sector Vivienda ligadas a obras de saneamiento en regiones, conocido como el ‘Caso Anguía’.

En ese caso, la tesis fiscal es que Pedro Castillo nombró a Geiner Alvarado como ministro con el propósito de copar el sector Vivienda y obtener beneficios económicos con los proyectos que allí se tramitan. Sus defensas también niegan esa acusación.

Por su parte, Pedro Castillo también tiene otra orden de prisión preventiva por su proceso por el golpe de Estado. Ese caso ya está en juicio y se espera que la sentencia se conozca entre mayo y junio de este año: se enfrenta a una posible condena de 34 años de prisión.

Al cierre de esta nota, Félix Chero no respondió a las llamadas y mensajes de El Comercio para conocer su postura frente a la denuncia. No obstante, luego de que este Diario difundió en junio del 2023 la versión sobre el nombramiento en Sunarp ligado a Sada Goray, el exministro negó haber recibido los S /50 mil de Salatiel Marrufo.

“Son versiones aisladas, malintencionadas, de gente que, por salvarse de una prisión preventiva, sindica, imputa actos. Sin embargo, hasta el momento no hay ningún dato de corroboración de ello (...) Debo descartar esas imputaciones, es absolutamente falso. Eso está en un proceso de investigación de la fiscalía y yo he acudido a declarar”, dijo Félix Chero, en declaraciones a la prensa en Chiclayo, ciudad donde radica.

No obstante, sí reconoció que recibió una “sugerencia” del presidente Pedro Castillo para ese nombramiento.

En su testimonio ante la fiscalía por este caso, Chero afirmó que el expresidente le “indicó que tenía que cambiar al superintendente de la Sunarp y me entregó el currículum vítae físico del señor Luis Longaray”. Agregó que cumplió con ello luego de que se verificó que cumplía los requisitos para el cargo.