En un nuevo giro dentro de su agenda migratoria, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que pone en la mira a las ciudades santuario, aquellas jurisdicciones que se rehúsan a cooperar con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La medida, anunciada desde la Casa Blanca, contempla recortes de fondos federales para estas localidades, afectando directamente programas de seguridad pública, servicios comunitarios y otras áreas clave para los residentes.
¿CUÁL ES EL FIN DE ESTA ORDEN EJECUTIVA?
La orden ejecutiva instruye al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional a elaborar una lista oficial de ciudades santuario que, según la administración, “obstruyen el ejercicio de la ley federal de inmigración”. Una vez identificadas, estos organismos deberán tomar las “acciones legales necesarias”, lo que incluye desde el congelamiento de fondos hasta procesos judiciales contra gobiernos locales que desacaten la medida.
Durante la firma en la Oficina Oval, Trump fue enfático: calificó a estas jurisdicciones como parte de una “insurrección ilegal”, acusándolas de permitir la permanencia de inmigrantes indocumentados y de poner en riesgo la seguridad nacional. Para el mandatario, la cooperación total con ICE es indispensable para combatir la criminalidad y “hacer cumplir la ley”.
Donald Trump fue elegido como presidente gracias a la promesa de sacudir el sistema migratorio y expulsar a las personas en situación irregular (Foto: AFP)
LAS VOCES EN CONTRA NO TARDARON EN HACERSE SENTIR
Líderes locales, organizaciones defensoras de los derechos civiles y autoridades policiales en varias ciudades rechazaron la orden por considerarla una amenaza a la autonomía de los gobiernos locales y a la confianza entre comunidades migrantes y las fuerzas del orden. “Esta medida solo hará que menos personas denuncien crímenes o colaboren con la policía por miedo a ser deportadas”, afirmaron.
Las llamadas “ciudades santuario” han defendido por años su postura argumentando que su prioridad es proteger a sus residentes y fomentar relaciones sólidas entre la comunidad y las autoridades. Para muchos alcaldes, su papel no es hacer cumplir leyes migratorias federales, sino garantizar la seguridad local y el respeto a los derechos humanos.
TRUMP FIRMÓ UNA SEGUNDA ORDEN EJECUTIVA
El anuncio también vino acompañado de una segunda orden ejecutiva con un enfoque en las fuerzas del orden público. Esta nueva directiva busca brindar respaldo legal a los agentes acusados de abusos o mala conducta, además de relajar restricciones sobre su actuación y permitir que sean equipados con armamento militar, un movimiento que ha generado preocupación entre sectores civiles.
La administración Trump justifica estas acciones como parte de un esfuerzo más amplio para “restaurar el orden” y “proteger a los ciudadanos estadounidenses”. Sin embargo, críticos sostienen que el verdadero objetivo es criminalizar aún más a los inmigrantes y otorgar un poder sin precedentes a las fuerzas del orden, debilitando el sistema de pesos y contrapesos que rige a la democracia.
El impacto de estas medidas aún está por verse, pero ya se percibe una profunda división entre estados y ciudades. Mientras algunos gobernadores se alinean con la Casa Blanca, otros preparan recursos legales para desafiar el decreto en los tribunales, marcando lo que podría convertirse en otra batalla clave por el futuro de la política migratoria en Estados Unidos.
Periodista con experiencia en redacción y creación de contenido digital. Soy licenciado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Trabajé en medios de comunicación y agencias de marketing. Experiencia también como fotógrafo en campos deportivos.
