Con hermetismo, el equipo técnico de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que encabeza el legislador Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), aún trabaja —desde fines del año pasado— una propuesta para lo que sería la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (también conocida como ‘Ley Mape’). Sin embargo, todo indica que la fórmula que se presentará para su discusión prolongaría la informalidad y la ilegalidad que ya campea abiertamente en este sector.

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Ciertamente, aún no hay una propuesta cerrada. Se continúa en mesas de trabajo, encuentros y conversaciones, pese a estarse ad-portas de vencer —este 30 de junio— la última ampliación de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Sin embargo, este Diario accedió al texto preliminar que se viene socializando en estos encuentros, el cual ya avizora serios riesgos y deficiencias, según apuntan especialistas consultados.

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Se alista, en la práctica, una propuesta de texto sustitutorio del proyecto de ‘Ley Mape’ que había presentado el Ejecutivo en noviembre pasado (PL N°9555-2024), al cierre de la expiración de la última prórroga del Reinfo. Una vez sea compartido de manera oficial por el equipo que dirige Gutiérrez Ticona, recién podrá empezar a ser analizado y discutido entre todos los parlamentarios integrantes de la comisión y, de ser aprobado allí, pasar al pleno del Congreso. Aún un largo trecho.

Sobre esta propuesta de fórmula legal, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) mostró su preocupación al presidente de la comisión del Congreso por lo planteado.

En un documento, de manera enfática se advierte de manera institucional que el texto “se aparta y desnaturaliza el objetivo de establecer un nuevo marco jurídico” para la pequeña minería formal. “Y, por el contrario, se orienta a prolongar los fallidos intentos de formalización minera en el país y promover la ilegalidad”, se incidió.

También se cuestiona que se hayan introducido a la propuesta inicial del Ejecutivo figuras que dan legitimidad, incluso, a actividades ilegales.

“Vemos que el texto sustitutorio compartido ha introducido al proyecto aspectos que revelan un ánimo por dar legitimidad a actividades mineras informales e ilegales”, se lee en el documento suscrito por Angela Grossheim, directora ejecutiva de la SNMPE.

Especialmente, se apunta a la definición que se pretende dar con la fórmula a la minería informal, entendiéndola únicamente como aquella actividad que se realiza sin haber iniciado el proceso de formalización con el Estado.

“Una disposición como la planteada promueve la impunidad de actividades que hoy son ilegales”, se subraya.

"Minería informal: entiéndase como la actividad minera que se realiza sin haber iniciado el proceso de formalización con el Estado".

Texto sustitutorio para la nueva 'Ley Mape' y la nueva definición de minería informal

En su escrito, también se deja constancia de que los aportes alcanzados como organización al proyecto original simplemente no fueron tomados en cuenta por el grupo que dirige el congresista Gutiérrez. Y se requiere al presidente de la Comisión de Energía y Minas “promover un mayor debate” de un tema tan clave.

Este Diario evidenció en un anterior reportaje que, solo entre enero del 2024 y lo que va de mayo del presente, los presidentes de los tres grupos de mineros informales con mayor protagonismo (Confemin, FENAMARPE y AMA Pataz) habían registrado cerca de 160 ingresos al Congreso, siendo Gutiérrez el más visitado por los tres.

Pero los cuestionamientos a la propuesta de texto sustitutorio no vienen únicamente de este sector. Especialistas consultados por este Diario también advierten las falencias y riesgos de este texto, el cual si llega a ser aprobado en el pleno significaría en el nuevo marco legal para la minería a esta escala.

Iván Arenas, especialista en minería e hidrocarburos, incidió en que la reformulación del concepto de minería informal puede ser clave. Explicó que aquellas personas que actualmente cuentan con un Reinfo, al amparo del Decreto Legislativo N°1293, legalmente, ya han iniciado un proceso de formalización.

Y la nueva acepción englobaría como mineros informales a aquellos que no lo han iniciado. Es decir, se apuntaría a aquellos que ni siquiera tienen este registro.

“En estricto, lo que están haciendo en la práctica son dos cosas: o están aperturando nuevamente el Reinfo, con una nueva forma de entender la minería informal, o lo que están haciendo es legitimando al minero ilegal, que se dice informal, pero que en realidad es ilegal”, aseveró.

Arenas también acotó que el texto carece de un acompañamiento, soporte y recursos para fortalecer toda la fiscalización de esta minería, que recae en los gobiernos regionales. “Lo que se tiene que hacer es acompañarlos para que se fortalezcan en el tema de la fiscalización, protección de medioambiente, derechos laborales, etcétera”, resaltó.

También apuntó que no existe una convergencia entre esta propuesta de ‘Ley Mape’ y todos los mecanismos de trazabilidad que ya se habían aprobado en el mismo Congreso a fines del año pasado.

Por su parte, César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental, consideró que el texto propuesto “es casi un corte y pega” de otras iniciativas y dijo que también se está tratando de “meter de contrabando” ciertos aspectos. Se denota -apuntó- que está más dirigido “a beneficiar al minero informal”, insistiéndose con una flexibilización excesiva.

“Estamos hablando de una actividad de alto riesgo en el país, que tiene altos impactos, por tanto, no puede ser que sigamos en esa lógica de flexibilizar y flexibilizar al máximo.”, cuestionó.

Un punto central que destacó Ipenza es que ya el Tribunal Constitucional ha cuestionado la figura de la exención penal en el proceso de formalización minera, algo sobre lo cual no se indica nada en la fórmula.

“Es una desatención a ese mandato del tribunal, la ‘Ley Mape’ debería tener una disposición final diciendo que se elimina la exención de responsabilidad penal, civil y administrativa a todos los mineros que estén inmersos en el proceso de formalización. Pero no está diciendo nada y por tanto se mantendría lo mismo”, aseveró.

Además…

Gobierno revoca 1.425 Reinfo para evitar que sirvan de camuflaje a la minería ilegal

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que, a través de un Decreto de Urgencia, el Gobierno decidió revocar 1.425 inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), localizados en la provincia liberteña de Pataz.Esta medida se dio con el objetivo de impedir que dichos registros sirvan de camuflaje para actividades relacionadas a la extracción ilícita de oro. Según los registros revocados por distritos corresponden 144 en Tayabamba, 585 en Parcoy y 696 en Pataz.