
La Comisión de Economía del Congreso, que preside el congresista Ilich López, reanudó esta semana el debate de los proyectos de ley que están en agenda y buscan un octavo retiro de las AFP. Hay un total de 24 proyectos en agenda y 16 de ellos buscan un retiro de hasta 4 UIT. Mientras, otros 6 buscan un retiro de fondos de hasta el 95,5% y 2 son proyectos que proponen desembolsos para situaciones excepcionales. Todos con el fin de brindar liquidez a los peruanos para afrontar problemas económicos y situaciones complejas como un cáncer avanzado. Ante esto, y ya con siete retiros previos, ¿qué consecuencias traería una nueva liberación de fondos? ¿Tiene sentido aprobar una nueva liberación si existe una ley que busca modernizar el sistema previsional e impedir nuevos retiros?
Para César Abanto Revilla, abogado experto en derecho de seguridad social y docente de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano es apenas un candado parcial que por el momento no funciona hasta que se dicte el reglamento; sin embargo, señaló que “dado a como es el Congreso actual, nadie impide que se apruebe otro retiro”.
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Los riesgos de un octavo retiro
Claudia Sícoli, directora de las carreras de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), señaló que el retiro de los fondos generaría una “ilusión monetaria”. “Los usuarios sentirán que tienen un nivel de ingreso mayor al real y gastarán más mientras tengan la disponibilidad del fondo”, mencionó.
Abanto, por su parte, recordó que el fondo de pensiones no solo sirve para la jubilación sino también ante la invalidez o fallecimiento del aportante. “Todos vemos el ángulo de la vejez, que es el objetivo del fondo más a la larga; sin embargo, no ven que los fondos de la AFP también cubren casos de invalidez o fallecimiento. Entonces, si una persona tiene un accidente en el que se queda discapacitado o muere y tiene cero en su cuenta, ¿cómo garantizar su cobertura?”, cuestionó.

Asimismo, subrayó que el artículo 12 de la Constitución señala que “los fondos de la seguridad social son intangibles”, lo que implica que deben destinarse exclusivamente a pensiones o prestaciones médicas.
“Si yo permito que abras esa caja fuerte para sacar dinero como si fuera una cuenta bancaria de ahorro común y corriente, estoy contraviniendo esta prohibición”, mencionó Revilla.
Tanto Abanto como Sícoli coincidieron en que otro punto negativo sería que este nuevo desembolso generará un gasto público a futuro, porque si las personas se quedan sin cobertura, el Estado tendrá que solventar estos gastos con los fondos públicos.
“Ese hueco que deja los retiros al tener aportantes con saldo cero es un gasto que alguien tendrá que afrontar y ese es el Estado con Pensión 65, un apoyo mínimo que garantiza la alimentación ultra básica”, explicó Sicoli.
Desde una perspectiva económica, Sícoli, de la UPC, señaló que la “ilusión monetaria” que creará un posible octavo retiro reflejará un pequeño rebote de la economía incentivado por un mayor consumo de manera temporal.
“Un octavo retiro tendrá un efecto muy acotado. Se incrementará el consumo y podría haber un incremento del PBI a corto plazo, pero sin sustento de un ingreso real”, agregó.
Sin reglamento
Pese a que Revilla advierte que con el reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano el Congreso de la República podría promover un nuevo retiro, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, confirmó el pasado miércoles que este documento podría publicarse entre el lunes o martes de la siguiente semana.
Pérez Reyes mencionó también que quienes realicen nuevos retiros de sus fondos de pensiones no podrán acceder a una pensión mínima. Según precisó, este beneficio (incluído en el reglamento de la nueva Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano) será cubierto de forma complementaria por el Estado, pero solo si el afiliado mantiene su fondo hasta la jubilación.

“Se está planteando en el reglamento la figura de la pensión mínima que será cubierta de forma complementaria por el Estado, pero eso tiene que ver con cuanto han aportado las personas en su vida laboral. Si se permite un retiro adicional, lo que ocurrirá es que esto implicará un mayor impacto fiscal para el país, que finalmente son impuestos que pagamos todos”, señaló el ministro.
Al término del séptimo retiro, 7 millones de peruanos se quedaron sin un sol en sus cuentas privadas de pensiones y con un octavo retiro, los únicos que podrán sacar dinero son los ciudadanos que se encuentran trabajando y que aún tienen fondos para una pensión. En total, un afiliado ha podido retirar hasta S/ 89.000, monto cercano al que se requiere para financiar una pensión mínima.

Además, hay propuestas que apuntan a reformar la propia Ley N° 32123, la “Reforma del Sistema de Pensiones en el Perú”. En diálogo con El Comercio, el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Ilich López, explicó que hay dos iniciativas que buscan modificarla: la primera consiste en utilizar el dinero como un “autopréstamo”; es decir, el afiliado puede ir a la entidad financiera que administra su fondo y pedir el dinero para realizar inversiones.
“Como es su propio dinero, la tasa de interés tiene que ser cero porque no genera costos. Lo único que me puede cobrar (la entidad) es un seguro y las tasas de trámite de desembolso, ITF, pero que son marginales”, refirió a este Diario.
Mientras que la segunda modificatoria consiste en colocar el 100% de sus fondos como garantía para adquirir una vivienda. “Al finalizar el pago de todas tus mensualidades, el banco te devuelve tus fondos de AFP”, explicó López. En ambos casos, el afiliado debe ser evaluado por el sistema financiero para garantizar el retorno del efectivo.