Militantes de Acción Popular entraron en bloque a trabajar a la Biblioteca del Congreso: ¿quiénes son y cuáles son sus nexos?

El Departamento de Biblioteca del Congreso de la República, tradicionalmente conocido como un órgano técnico especializado en servicios de información legislativa, ha experimentado en los últimos meses un inusitado incremento de personal.

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Este crecimiento se dio tras una reestructuración interna en agosto de 2023, que incluyó la creación de dos oficinas: el Área de Procesos Técnicos Bibliotecarios y el Área de Servicios de Información, Traducción y Lenguas Originarias.

Con esos cambios establecidos, en octubre de 2024, Diethell Columbus, excongresista y secretario nacional de Formación Política de Fuerza Popular, asumió la jefatura del departamento. Su designación coincidió con la incorporación de un grupo de personas vinculadas al partido Acción Popular.

Entre octubre y noviembre de 2024, siete personas fueron contratadas en el Área de Procesos Técnicos Bibliotecarios en distintos cargos: desde el más alto, como jefe, hasta el de menor rango, como auxiliares.

De ellos, seis mantienen afiliación vigente a Acción Popular, según el Registro de Organizaciones Políticas, y uno renunció a su militancia en junio de ese mismo año, aunque durante su afiliación ocupó cargos relevantes dentro del partido y estuvo vinculado estrechamente a la organización política.

Ninguno de ellos cuenta con experiencia en servicios bibliotecarios ni formación específica en historia, archivo o ciencias de la información, asociadas a las labores del Departamento de Biblioteca del Congreso.

Uno de los casos más llamativos es el de Jorge Luis Segura Ttito, quien ha sido el más beneficiado, debido a que fue nombrado jefe del área con una remuneración de S/15.570. Es abogado de profesión y secretario nacional de Relaciones Internacionales del partido. En su hoja de vida, no registra experiencia previa en servicios bibliotecarios, a diferencia de quien ocupaba el cargo al momento de su ingreso: Carmen Vivanco Lara de Tord.

Vivanco cuenta con dos títulos profesionales: es licenciada en Historia y también en Ciencias de la Información, ambas especialidades vinculadas directamente con las funciones del área. No tiene ninguna afiliación política registrada. Ingresó a trabajar en la Biblioteca del Congreso en 2013 y posee una trayectoria vinculada directamente con las labores técnicas del departamento. Tras su salida de la jefatura, fue reubicada como especialista parlamentaria con un salario menor de S/12.763.

Segura, por su parte, ha trabajado como abogado en la Caja Municipal Cusco y ha sido consejero regional de Cusco por Acción Popular en el periodo 2018-2022. También ha sido secretario departamental de su región dentro del mismo partido. Este Diario buscó a Segura, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes.

Otro de los ingresos fue el de José Mariano Cucho Mendoza, tesorero nacional suplente de la organización política, que fue contratado como profesional con un sueldo de S/10.502. Fue regidor en Villa El Salvador y trabajó en la Municipalidad de San Martín de Porres durante la gestión de Julio Chávez, actual presidente de Acción Popular. El Comercio contactó con Cucho Mendoza, pero no hubo respuesta.

En el mismo cargo, ingresó Leonardo Inga Sales, excongresista acciopopulista en el periodo 2020-2021 y excandidato a la alcaldía provincial de Alto Amazonas, en Loreto. Es ingeniero industrial con experiencia como gerente en empresas privadas, pero no cuenta con experiencia en áreas bibliotecarias. Su salario es de S/10.502.

En conversación con este Diario, señaló que, si bien no tiene experiencia en asuntos de biblioteca, desempeña tareas directamente enfocadas en su especialidad. Señaló que su función es la “elaboración y actualización de directivas y procesos técnicos administrativos” en el marco del próximo Congreso bicameral.

“Mi carrera está vinculada a todo lo que son procesos. Estamos en todo este proceso –a nivel del Congreso– de migrar de unicameralidad a bicameralidad, y esto implica la creación de directivas y procesos técnicos administrativos. Justamente estoy encargado de este trabajo en el área [de Biblioteca]”, aseveró.

Otra contratación es la de Luis Enrique Paz Montes, que ingresó como técnico con un sueldo de S/5.053. No registra estudios superiores en Sunedu, pero trabajó en la Municipalidad de San Martín de Porres, durante la gestión de Julio Chávez.

En diálogo con El Comercio, afirmó que cuenta con estudios inconclusos en Matemática y comentó que dejó de laborar el último mes de marzo en la Biblioteca. Además, indicó que fue convocado para realizar inventarios.

“Había algunos libros que no estaban archivados correctamente para llevar la secuencia de la búsqueda [...] He trabajado más que todo en el archivo de la Biblioteca, no como un bibliotecario o en atención de público de biblioteca”, indicó.

En noviembre se sumaron otras tres personas. Daniel Gómez Flores, quien renunció a su militancia en junio de 2024, ingresó como técnico con un salario de S/5.117. Ha sido secretario nacional del Comité Nacional de Acción Política de la Juventud de Acción Popular y secretario departamental del partido en la región Huánuco de 2013 a 2015. Ha postulado a cargos de elección popular en múltiples ocasiones.

Antes de su contratación en la Biblioteca, trabajaba en el despacho del congresista Raúl Doroteo (Acción Popular), investigado por un caso de recorte de sueldos. Cuenta con estudios técnicos y es bachiller en Derecho y Ciencias Políticas.

Ante nuestras consultas, reconoció que no cuenta con experiencia en el área y señaló que fue convocado para el puesto desde el lado “técnico”, aunque no precisó qué labores realizaba. También señaló que dejó de laborar el 31 de marzo, mientras se elaboraba este informe.

“Mi trabajo fue enteramente técnico, tuve la oportunidad de recibir la invitación y pude trabajar. No conozco el tema archivístico o de biblioteca, yo no he trabajado en ese tema, pero no ha sido nada ajeno de un tema laboral en el sector público. Mi tema funcionalmente ha sido de apoyo para la revista virtual del Congreso”, respondió.

Asimismo, Jorge Luis Rivera Inuma, exregidor de La Victoria por Acción Popular, y José Fernando Ángeles Heredia, militante del partido, fueron contratados como auxiliares con un sueldo de S/3.146. Ninguno cuenta con estudios superiores registrados en Sunedu, pero ambos trabajaron en la Municipalidad de San Martín de Porres cuando Julio Chávez era alcalde. En el caso de Rivera, también ha laborado en la Municipalidad de Jesús María, durante una gestión acciopopulista.

A pesar de nuestra insistencia, ni Rivera ni Ángeles respondieron las llamadas ni mensajes.

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Sin claridad

El Comercio consultó con el jefe de la Biblioteca los criterios para estas contrataciones; sin embargo, evitó brindar declaraciones y señaló que todos los asuntos vinculados con personal debían ser consultados con el Departamento de Recursos Humanos.

“Las normas del servicio parlamentario no me permiten dar declaraciones a medios sin autorización expresa de la Oficialía Mayor. No obstante, las consultas que tengas sobre temas de contrataciones las puedes canalizar el Departamento de Recursos Humanos si se tratase de temas de personal”, afirmó Diethell Columbus.

Este Diario también intentó contactarse con la jefa de Recursos Humanos, sin éxito. Desde dicha oficina, nos indicaron que las consultas debían enviarse por mesa de partes. La solicitud fue ingresada, pero hasta el cierre de esta edición no tuvimos respuesta.

En tanto, desde el partido Acción Popular, su presidente Julio Chávez negó que exista algún tipo de coordinación con Fuerza Popular que haya influido en las contrataciones. No obstante, reconoció a varios de los nuevos trabajadores, entre ellos Jorge Segura, como personas vinculadas al partido.

“No tenemos ningún tipo de conversación ni con el señor Columbus, ni con ningún representante de Fuerza Popular. Creo yo que las posiciones de ambos partidos y ambas bancadas responden a lo que es la línea de cada uno de nosotros”, enfatizó.

También reconoció que algunas de las personas mencionadas laboraron en la Municipalidad de San Martín de Porres durante su gestión como alcalde. Al ser consultado si dichas contrataciones respondían a la experiencia profesional, señaló que era “difícil” de precisar.

“Era una gestión de Acción Popular y convoqué a funcionarios del partido, como a otros independientes, quienes a su vez convocan a otros cuadros también del partido. Eso no lo ve un alcalde”, expresó.

Otra contratación cuestionable

En octubre de 2024, también ingresó Shadia Valdez Tejada, afiliada al partido Podemos Perú, como jefa del Área de Servicios de Información, Traducción y Lenguas Originarias con un sueldo de S/15.570.

Antes de asumir ese cargo, desde abril hasta agosto, se desempeñó como asesora de la bancada Podemos Perú. Luego, asumió como asesora del congresista José Luna, fundador de dicho partido.

Su ingreso al Departamento de Biblioteca implicó que desplazaran del cargo a Jully Vives Chirinos, ​​licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información y máster en Bibliotecas, Archivos y Continuidad Digital, quien labora en dicha oficina desde 2013.

Por su parte, Valdez postuló al Congreso en las elecciones generales de 2021, pero no tuvo éxito. En su perfil de Linkedin, consigna experiencia en gobernanza y gestión pública, pero no en servicios relacionados con bibliotecología.

El Comercio contactó con Valdez para conocer los detalles de su ingreso al Departamento de Biblioteca, pero respondió que cualquier consulta debía canalizarse a través del Departamento de Recursos Humanos.