El caso de la exalcaldesa Susana Villarán, acusada por corrupción y lavado de dinero por los presuntos aportes ilícitos a sus campañas electorales, quedó listo para el inicio de su juicio oral. En este, la extitular de la Municipalidad de Lima (2011-2014) se enfrentará a un pedido de 29 años de prisión formulado por el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público.
En una audiencia realizada este viernes, el juez Jorge Chávez Tamariz, a cargo del control de la acusación por este caso, revisó las últimas correcciones hechas por la fiscalía a las imputaciones contra dos de los 31 acusados por este caso: Domingo Arzubialde, exgerente de Promoción de la Inversión Privada en la gestión municipal de Susana Villarán, y la empresa J. Walter Thompson Peruana.
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La sesión se realizó por disposición de una sala superior de apelaciones, que ordenó esas correcciones específicas al resolver las apelaciones al auto de enjuiciamiento del caso de la exalcaldesa.
Ese auto fue el que, en noviembre pasado, ya había ordenado que el caso vaya a juicio. Sin embargo, las defensas de un grupo de siete acusados recurrieron a una reciente ley del Congreso para apelar la decisión. En abril, la sala resolvió las apelaciones y ordenó que la fiscalía corrija partes de la acusación solo respecto a Domingo Arzubialde y J. Walter Thompson Peruana, para lo cual el juez Chávez Tamariz tuvo que realizar la audiencia de este viernes.
Al inicio de la sesión, la defensa de Domingo Arzubialde intentó recusar (apartar) al juez del caso, alegando que esta ya había conocido su caso durante el control de acusación previo. Su recurso, que pudo haber dilatado aún más el inicio del juicio por este caso, fue rechazado.
Luego, la fiscalía expuso las correcciones formales a las imputaciones sobre ambos acusados, mientras que sus abogados buscaron que la acusación contra sus defendidos se archive, alegando que no se había cumplido con lo ordenado por la sala superior. Ese mismo tribunal había dispuesta que si la fiscalía no hacía las correcciones, el caso podía ser archivado solo respecto a esos dos acusados.
El juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, dirigió el control de acusación del caso de Susana Villarán.
Luego de amplios debates, el juez rechazó dos pedidos sucesivos de la defensa de Domingo Arzubialde para archivar su acusación. En cambio, sí accedió a la solicitud de sobreseimiento (archivo) por no haber un nivel de sospecha suficiente respecto de J. Walter Thompson Peruana, que solo seguirá siendo procesada para determinar si paga una reparación civil.
Al final de la audiencia, que se extendió por cuatro horas y medio, el juez dictó una “integración” al auto de enjuiciamiento emitido en noviembre pasado para dar cuenta de las precisiones respecto a la imputación contra Domingo Arzubialde y el archivo del proceso penal contra la empresa J. Walter Thompson. La acusación contra Susana Villarán y el resto de procesados por este caso permanece igual. “Lo demás substiste”, enfatizó el magistrado.
Lo que viene
Con esto, el auto de enjuiciamiento completo y todo el expediente judicial del caso fue derivado al tribunal, integrado por tres jueces, que se encargará del desarrollo del juicio. Se prevé que este sea el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, el cual ya tiene experiencia en juicios de la trama Lava Jato. Se del mismo que ya condenó a Ollanta Humala y Nadine Heredia por el caso del Partido Nacionalista y que tuvo el juicio de Keiko Fujimori por el Caso Cocteles hasta su anulación.
La acusación contra Susana Villarán será sustentada en juicio por el fiscal José Domingo Pérez, luego de su reincorporación al Ministerio Público. (Foto: Poder Judicial)
Desde ahora, la responsabilidad completa de programar una fecha para el inicio del juicio y su posterior desarrollo recae en ese juzgado colegiado, que es presidido por la magistra Nayko Coronado.
Susana Villarán es acusada de liderar una organización criminal dentro de la Municipalidad de Lima que lavó más de US$ 11 millones de dólares provenientes de las constructoras brasiñeas Odebrecht y OAS, y la peruana Graña y Montero. Esto a través de aportes de origen ilícito a sus campañas del No a la Revocatoria (2013) y de su fallida reelección (2014). Se le imputan cinco delitos: lavado de activos, asociación ilícita, colusión agravada, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.
En una entrevista radial y mediante una publicación en redes sociales hecha hace seis años, en mayo del 2019, la exalcaldesa admitió haber recibido esos aportes. Sin embargo, no hizo lo mismo dentro del proceso penal y ha negado en todo momento haber cometido un delito. Junto a ella, tras lo decidido este viernes, serán juzgadas otras 20 personas y 9 empresas.
