La fiscalía pidió al tribunal a cargo del juicio de Martín Vizcarra, acusado de recibir coimas de constructoras que se adjudicaron obras durante su gestión como gobernador de Moquegua, que las audiencias del caso se hagan de forma más frecuente, con el objetivo de llegar más rápido a una sentencia. Para ello, se pidió tener en cuenta una supuesta intención “dilatoria” de la defensa del expresidente y que este quedará sin ninguna restricción judicial a partir del próximo 4 de julio.
La solicitud -a la que accedió El Comercio- fue hecha por el fiscal Osías Castañeda, adjunto del fiscal Germán Juárez en este juicio e integrante del Equipo especial Lava Jato, al Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
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Desde el pasado 28 de noviembre pasado, este tribunal está a cargo del juzgamiento del expresidente y trabaja a ritmo de una sola audiencia por semana, casi siempre los días lunes.
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El caso contra Martín Vizcarra es menos complejo -aunque no menos grave- que el de otros expresidentes y otros políticos peruanos. Es el único acusado y se trata de un solo delito, dividido en dos hechos: el presunto soborno de S/ 1 millón de Obrainsa por el proyecto de irrigación Lomas de Ilo y el de S/ 1.3 millón de ICCGSA por la obra de la ampliación del Hospital de Moquegua. Por todo ello, el Ministerio Público pide 15 años de prisión por el delito de cohecho (soborno).
Ello permitió que, en los primeros meses, a pesar del ritmo de una solo audiencia semanal, el juicio avance rápido.
Línea de tiempo
Fechas claves del juicio de Vizcarra
-28 de octubre 2024: Inicio del juicio a Martín Vizcarra
-11 de noviembre 2024: Comienzan a declarar los testigos de la fiscalía. Elard Tejeda, exgerente de ICCGSA, confiesa haber pagado personalmente S/ 1 millón por Lomas de Ilo.
-18 de noviembre 2024: Exgerente general de Obrainsa, Manuel Tejeda, ratifica versión sobre pago a Vizcarra
-10 de diciembre 2024: El exministro José Manuel Hernández, amigo de Vizcarra por varios años, confesó haber sido el enlace para pago de coimas de ICCGSA
-16 de diciembre 2024: Tres directivos de ICCGSA confirman pago de 1.3 millón a Vizcarra por Hospital de Moquegua.
-13 de enero del 2025: Comienzan a declarar los testigos técnicos y los peritos de la fiscalía
-27 de enero del 2025: peritos de la fiscalía informan que el expresidente retiró montos mínimos de su sueldo en fechas posteriores a presunto pago de coimas
-10 de febrero del 2025: Comienzan a declarar los testigos de la defensa del expresidente
-5 de mayo del 2025: Comienzan a declarar los peritos de la defensa de Vizcarra
-16 de junio del 2025: Se reprograma para la próxima semana declaración del último perito de la defensa
-4 de julio del 2025: vence el impedimento de salida del país de Vizcarra, su única restricción judicial
Desde el 11 de noviembre, la fiscalía presentó e interrogó ante el tribunal a sus 33 testigos y peritos. Estos incluyeron los exdirectivos de las constructoras quien confesaron el pago de sobornos, mientras que José Manuel Hernández, exministro y examigo del acusado, confesó haber sido el intermediario para los sobornos de ICCGSA. Adicionalmente, todos ellos tienen sentencias de colaboración eficaz por estos hechos.
A su turno, los peritos del Ministerio Público sirvieron para evidenciar aspectos como la autenticidad de los chats y correos electrónicos entregados por los colaboradores, la ruta del dinero presuntamente empleada para los pagos, el hecho de que los montos supuestamente entregados a Martín Vizcarra sí cabían en los sobres descritos por los exdirectivos o que el acusado retiró montos mínimos de su cuenta sueldo en los meses posteriores al presunto pago de sobornos.
Esa relativa velocidad duró hasta febrero. En menos de tres meses y a lo largo de 15 audiencias, la fiscalía terminó con la presentación de todos sus testigos y peritos.
No obstante, a partir del 12 de ese mes, se comenzó con el interrogatorio a los testigos y los peritos de la defensa. A pesar de que estos son menos (18 hasta la fecha), sus declaraciones se han extendido por más de cuatro meses, a lo largo de 28 sesiones.
Esta diferencia es advertida por la fiscalía dentro de su pedido para las sesiones del juicio se hagan desde ahora a ritmo de dos audiencias semanas.
En el documento, de fecha del 17 de junio, el fiscal remarca que los “órganos de pruebas” del Ministerio Público terminaron de ser examinados en “un tiempo equivalente a 2 meses con 23 días”, tiempo mucho menor que los “4 meses y 6 días” que vienen demorando los 18 de la defensa de Martín Vizcarra.
Lista de todos los testigos y peritos que declararon hasta la fecha en el juicio de Martín Vizcarra.
“Queda pendiente uno (por parte de la defensa, que es el perito de parte experto en contabilidad Herbert Jara Morales”, reprogramado para el día lunes 23 de junio”, agrega el Ministerio Público.
Junto a ello, se remitió un cuadro con todos los testigos y peritos de ambas partes que han declarado hasta la fecha dentro del juico oral junto a las fechas de sus presentaciones.
Como este Diario informó en una nota previa, Jara Morales iba a ser interrogado en la audiencia del último lunes 16. Sin embargo, su citación de reprogramó para el lunes 23 de junio debido a que ese día tenía exámenes de laboratorio y rayos X en un centro de salud.
La fiscalía alega que “no era la primera que ocurría algo similar; pues existen antecedentes” como los de otro perito que pidió reprogramar su declaración por una cita médica en mayo pasado; o una testigo de la defensa cuya citación se reprogramó por el mismo motivo.
Para el Ministerio Público, ello tuvo el efecto de “dilatar el normal y correcto desarrollo del juicio oral por inasistencia de peritos de parte ofrecidos por la defensa técnica del procesado Martín Vizcarra”.
En la audiencia de lunes, el abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, rechazó tener una intención dilatoria y dijo que la reprogramación era necesaria por los motivos de salud expuestos por el propio perito.
Martín Vizcarra junto a su abogado, Erwin Siccha, y a los fiscales Germán Juárez y Osías Castañeda, durante una de las audiencias de este juicio. Foto: Poder Judicial
Dentro de su pedido, el fiscal también citó una sentencia del Tribunal Constitucional que establece “ciertas pautas que se deben tomar en cuenta, tanto para el Poder Judicial como para el Ministerio Público, en relación a procesos penales contra exfuncionarios”.
Se trata de la sentencia por el caso del Peaje de Puente Piedra, donde se sostiene que la “lenidad” de jueces y fiscales en estos casos “genera en la opinión pública la sensación de que se actúa con doble rasero y es “abiertamente perjudicial para el interés público”.
Finalmente, en el oficio también se pide al juzgado tomar en cuenta que la única restricción que hoy pesa sobre Martín Vizcarra, una prohibición para salir del Perú, vencerá pronto.
“Solicitamos respetuosamente (que) tengan a bien evaluar la posibilidad de realizar dos sesiones del juicio por semana, teniendo en cuenta lo antes mencionado, pero además que el plazo de prolongación de impedimento de salida del país que fue impuesta al procesado Martín Vizcarra Cornejo (…) está próxima a vencer el 4 de julio del presente año”, concluye el Ministerio Público.
Pedido de la fiscalía al PJ para que las audiencias del juicio de Martín Vizcarra sean más frecuentes
La solicitud del fiscal deberá ser expuesta de forma oral este lunes 23 de junio, en la próxima audiencia del juicio. El pasado 2 de junio, luego de que una audiencia de ese día solo duró dos horas debido a que el tribunal debía atender otro juicio, el Ministerio Público requirió que se haga una segunda sesión esa misma semana.
No obstante, la jueza Fernanda Ayasta, presidenta del tribunal, desestimó la solicitud indicando que llevaban doce juicios en paralelo y no tenían más espacio en su agenda. Es posible que se recurra a ese mismo argumento para desestimar esta nueva solicitud.
Uno de esos juicios es del caso de las presuntas coimas de Odebrecht por el Metro de Lima, que comenzó en diciembre del 2022. Este jueves, luego de dos años y medio, se comenzará con los alegatos finales de la fiscalía y de las otras partes en este proceso.
Incluso si el ritmo del juicio a Martín Vizcarra aumenta a dos audiencias por semana, el plazo no será suficiente para que se llegue a una sentencia antes del 4 de julio, fecha en que vence el impedimento de salida del país.
Las otras restricciones que tenía dentro de este caso, como la de no salir de Lima, fueron levantadas en diciembre pasado cuando el expresidente se acogió a un reciente ley dictada por el Congreso.
Cuando un juzgado le puso esa restricción, en diciembre pasado, lo hizo bajo el cálculo de que ese plazo era suficiente para que el juicio culmine, lo que no se ha cumplido.
Martín Vizcarra y su defensa saben que el juicio no terminará antes del 4 de julio, pero niegan una intención del expresidente de abandonar el país. Sin embargo, el Ministerio Público está tomando previsiones.
Los jueces del colegigado a cargo del juicio contra Martín Vizcarra, presidido por la jueza Fernanda Ayasta (centro).
De acuerdo con fuentes de El Comercio, la fiscalía evalúa pedir una ampliación del impedimento de salida del país u otra medida para asegurar la presencia de Martín Vizcarra en el país hasta que se conozca su sentencia. El pedido podría hacerse en los próximos días, aunque todavía debe ser evaluado y aprobado por un juzgado de investigación preparatoria antes de que entre en efecto.
Luego de que termine de declarar el último perito, el juzgado avanzará a la etapa de análisis de pruebas documentales, que según especialistas, puede ser incluso más duradera que las declaraciones de testigos. Pese a ello, la fiscalía estima que durará menos.
Finalmente, se pasaría al tramo final del juicio: la declaración del acusado, los alegatos de cierre, la última palabra o “defensa material” de Martín Vizcarra y por último, la lectura de la sentencia.
Consultado por este pedido de la fiscalía, la defensa de Martín Vizcarra no adelantó si se opondrán o se sumarán al pedido una vez que esta sea desarrollado durante el juicio. “Lo vamos a evaluar porque nosotros, por los mismos hechos, estamos en una etapa intermedia. Nosotros, en el caso del señor Martín Vizcarra tenemos audiencias casi todos los días. En todo caso, lo evaluaremos en su oportunidad”, dijo a El Comercio el abogado Erwin Siccha.
Siccha hizo referencia así a una acusación complementaria por el mismo caso de las presuntas coimas a su defendido, por el delito de colusión, que en estos momentos está en fase de control judicial. Ese control tiene audiencias los lunes y miércoles por la tarde. Aún no se ha establecido si esa acusación derivará en un nuevo juicio o si integrará con el que hoy está en desarrollo.
Al ritmo de una audiencia por semana, la sentencia llegaría en varios meses más. Con el ritmo de dos por semanas, ese plazo se reduciría a la mitad. La decisión ahora está en manos del Cuarto Juzgado Colegiado y de la Corte Superior Nacional.
Puntos de vista
En diálogo con El Comercio, el abogado penalista Miguel Reyes recordó que el Código Penal establece un plazo máximo de ocho días entre audiencias, pero que ello no justifica que los jueces se tomen una semana entre sesión y sesión. Además, recordó que la Constitución establece que el derecho a ser juzgado en un “plazo razonable”, por lo que los juicios deberían ser más céleres.
“¿Por qué una audiencia por semana? Este no es un caso con múltiples procesados, 300 testigos y miles de documentos que leer. El colegiado debería programar audiencias si no diarias, por lo menos interdiarias para acelerar la resolución”, comentó. “Lo razonable es que se castigue a una persona que ha cometido un delito lo más pronto posible, para que la ciudadanía vea que hay un castigo”.
Martín Vizcarra en su juicio por las presuntas coimas de constructoras. Foto: Poder Judicial
El penalista también apuntó que esto sería conveniente tanto para la fiscalía como para la defensa, que dice estar convencida de que el expresidente será absuelto.
“El derecho a a ser juzgado en un plazo razonable va en dos sentidos: para el procesado, porque no puede estar sometido tanto tiempo a un juzgamiento, y para que el delito se sancione pronto para que la sociedad pueda verse resarcida”, comentó.
También apuntó que si el impedimento de salida del país se dictó para asegurar su presencia durante el juicio y este va más allá del plazo dictado, se produce una “discordancia”.
“A lo que tenemos que llegar es al final del juicio para que quedes o bien condenado por una sentencia o bien liberado, pero por una sentencia, no por una medida cautelar”, sostuvo.
El penalista Andy Carrión añade que, en caso se acceda al pedido para que las audiencias sean más frecuentes, el colegiado debe actuar con prudencia para que la defensa luego no señale esa decisión como un favorecimiento a la fiscalía.
Más allá de esta decisión, consideró que “lo que puede hacer el colegiado es optimizar el tiempo” al momento de dirigir el debate. Ello implicaría evitar que las discusiones dentro de las audiencias sean excesivamente largas. “Eso garantizaría un menor tiempo en la emisión de una decisión final”, apuntó.
De cara a la próxima etapa del juzgamiento, la de pruebas documentales, indicó que “es la más larga que siempre tiene un juicio, porque a veces a las defensas o a la misma fiscalía le interesa oralizar casi el íntegro de los documentos. Hay documentos que tienen 100, 200 páginas”.
Al respecto, indicó que “se pueden este tener sesiones diarias de 10 horas, pero no vas a culminar nunca con la oralización” “Es por eso que es importante aquí el poder discrecional de control de los jueces, que es incluso más trascendental, diría yo, que la seguidilla de sesiones”.
