Se trata de Enrique Vílchez Vílchez, quien ha sido secretario general del Despacho Presidencial desde diciembre del 2022, durante todo el gobierno de Dina Boluarte. Previamente, ocupó ese mismo cargo en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social durante la gestión de la actual jefa de Estado como titular de esa cartera (2021-2022). La confianza entre ambos es alta y de larga data.

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El dominical Punto Final informó el 9 de febrero pasado que el Ministerio Público estaba evaluando investigar a Enrique Vílchez Vílchez como parte de un posible encubrimiento al prófugo Vladimir Cerrón ligado al Caso Cofre. De acuerdo con un documento al que accedió El Comercio, una fiscalía suprema ya inició una investigación al funcionario por encubrimiento en relación con esos hechos.

Según ese reportaje, el caso se relacionaba a la entrega de tres USB en julio y agosto del año pasado por el congresista Edwin Martínez, en cuyo contenido hay una denuncia anónima y conversaciones vía WhatsApp. En esta se daba a entender que desde Palacio de Gobierno se brindaba protección a Vladimir Cerrón, previa coordinación con congresistas de Perú Libre.

La denuncia anónima señalaba directamente a la presidenta Dina Boluarte como la persona que protege al líder de Perú Libre y que Enrique Vílchez actúa como el operador de Palacio de Gobierno para coordinar con los parlamentarios defensores de Cerrón, como Américo Gonza, Waldemar Cerrón y Kelly Portalatino. La presidenta y el Ejecutivo han negado esa versión en múltiples ocasiones, pero la fiscalía también la investiga por ello.

Frente a ello, según aquel reportaje de Punto Final, la Fiscalía de la Nación dispuso que lo referido a Enrique Vílchez sea derivado para su análisis a la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal. Ese despacho es dirigido por la fiscal suprema Zoraida Ávalos, quien ya investigaba a Kelly Portalatino por supuesto encubrimiento a favor del prófugo.

Zoraida Ávalos no tardó en pronunciarse. Según se cita en un documento de Palacio de Gobierno al que accedió El Comercio, el pasado 10 de febrero su despacho abrió la Carpeta Fiscal N° 502010102-2025-05-0, que incluye al secretario general del Despacho Presidencial

En esa carpeta se tiene como “hecho imputable” que Enrique Vílchez Vílchez, coordinaría con congresistas de Perú Libre (Américo Gonza, Waldemar Cerrón, Jaime Quito, María Agüero, Janet Rivas y Kelly Portalatino), quienes “al día de hoy vienen haciendo las coordinaciones para encubrir” a Vladimir Cerrón. También se les atribuyen coordinaciones con dirigentes del partido del lápiz (Richard Rojas García, Ana María Córdova Capucho y Carina Ruth Palacios Quincho) y se indica que el prófugo estaría “protegido” por el actual comandante general de la policía, Víctor Zanabria Angulo.

Al general se le atribuye que “no permite la captura del prófugo” al obstruir “la labor del personal policial y los órganos de inteligencia, como así también pone a disposición del entorno de los colaboradores del encubrimiento del prófugo a los jefes de las regiones policiales y personal Digimin que apoya brindándole información”.

Finalmente, se señala como “coordinador principal para su protección” en Arequipa al gobernador arequipeño Rohel Sánchez Sánchez y su “asesor” Carlos Zanabria Angulo, hermano del actual comandante general de PNP Víctor Zanabria Angulo. Medios de Arequipa también han informado sobre esta investigación y la inclusión del gobernador en la misma.

Frente a esta investigación, como consta en el documento de Palacio de Gobierno, Enrique Vílchez Vílchez solicitó al Despacho Presidencial el pasado 30 de abril, con una posterior corrección del 9 de mayo, que se le brinde “asesoría y defensa legal por haber sido comprendido en una investigación fiscal promovido por la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal”. Allí se detalla que la indagación es por la “presunta comisión del delito contra la administración de justicia, delito contra la función jurisdiccional y encubrimiento personal”.

El documento firmado por el Subsecretario del Despacho Presidencial, con fecha del lunes 12 de mayo, concluye que “en atención a lo solicitado mediante los documentos de vistos y con la evaluación realizada por la Oficina General de Asesoría Jurídica, se determina la procedencia del beneficio de defensa y asesoría legal para solventar los costos del patrocinio por la etapa de investigación preparatoria”.

El documento no precisa cuanto costará la defensa del secretario general de Palacio de Gobierno. Ello se establecerá con la posterior firma de un contrato entre la entidad y el estudio de abogados designado. Así ha sucedido con otros funcionarios que han recibido este beneficio, que se hacen con base en la Ley del Servicio Civil.

Es ley da al derecho a los servidores civiles a tener “defensa y asesoría legal” con “cargo a los recursos de la entidad” para su defensa en procesos judiciales derivados de “omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos”. Si al final del proceso el servidor es hallado culpable, debe devolver los gastado en su defensa.

El Comercio buscó, a través de la oficina de prensa del Despacho Presidencial, el descargo de Enrique Vílchez frente la investigación fiscal que lo incluye y que lo llevó a pedir que Palacio de Gobierno financie su defensa. Hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta. También se buscó un pronunciamiento del comandante general de la PNP mediante la prensa de la institución, con el mismo resultado.

El año pasado, cuando surgieron las primeras versiones sobre un supuesto encubrimiento desde el Ejecutivo a favor de Vladimir Cerrón, tanto Enrique Vílchez como el gral. Víctor Zanabria lo rechazaron.

Ante las declaraciones hechas en junio pasado por el exjefe de la DINI Roger Arista sobre mensajes enviados por Vladimir Cerrón a Enrique Vílchez a través de intermediarios, el funcionario dijo: “rechazo de manera categórica, la veracidad de dicha alusión y/o insinuación que se pretende imputar a mi persona, con la absoluta convicción y seguridad de quien dice la verdad”.

“Me llena de sorpresa que dicha información provenga de un exjefe de la DINI, que en el desempeño de sus funciones en el marco de una investigación que aún no culmina, estaría vulnerando lo establecido en el decreto legislativo 1141, el cual señala que la circulación de la información de inteligencia es restringida, así como su acceso es reservado, siendo un ilícito su divulgación”, añadió Vílchez en una carta dirigida al dominical Panorama, el primero en informar sobre esas versiones.

Por entonces, luego de que el exjefe de la PNP Jorge Angulo también se refirió a que informaciones sobre los operativos para captura con Vladimir Cerrón llegaron hasta Palacio de Gobierno, Víctor Zanabria lamentó que hayan " declaraciones que digan que hubo fuga de información“. “Las informaciones que se manejan para las operaciones, tanto para la captura de personas requisitoriadas como el manejo de las intervenciones de drogas, son de carácter confidencial y de responsabilidad de quien las trata”, declaró a la prensa.

“Lamentablemente, hay diferentes personas (…) que tratan de dar informaciones disociadoras para tratar de desubicar no solamente a la población con la referencia a la ubicación de Vladimir Cerrón, sino también hacia las acciones de inteligencia que desarrolla la Policía”, manifestó. “Por eso hay que tratar con mucho cuidado y con mucho tino, evaluando estas informaciones que son diseminadas, a veces, con mala intención para confundir a la población y también a las operaciones de inteligencia de la Policía”.

Este Diario también buscó las respuestas de los congresistas mencionados en el documento fiscal. De ellos, Jaime Quito respondió: “sé que existe una carpeta fiscal sobre ese tema, pero en mi caso se han equivocado porque nada tengo que ver, ya que renuncie a Perú Libre el 26 de julio del 2023, rompiendo todo tipo de relación con los mismos hasta la fecha y los supuestos hechos habrían ocurrido el 2024”.

“Aparte de ello nunca hemos tenido ningún contacto, ni relación alguna con Palacio de Gobierno, ya que desde el primer día de este régimen hemos pedido su vacancia”, añadió el legislador por Arequipa, quien -en efecto- renunció a la bancada de Perú Libre y actualmente es parte de la Bancada Socialista.