Delia Espinoza reitera a la JNJ que remita acta donde conste decisión de todos sus miembros de reponer a Patricia Benavides

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, reiteró a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que remita el acta donde conste la decisión de todos los miembros del colegiado de reponer a Patricia Benavides en el cargo y como fiscal suprema.

Según informó en su cuenta institucional en “X” (antes Twitter), reiteró que hasta la fecha la JNJ no ha cumplido con lo requerido sobre la resolución del recurso de nulidad de Benavides Vargas.

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Asimismo, Espinoza Valenzuela pidió que se sirva disponer, a quien corresponda, una copia del registro audiovisual de la sesión en la que se adoptó dicha decisión.

El pronunciamiento de Delia Espinoza se produce horas después de que la JNJ afirmara que la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación “tiene plena eficacia” mientras no sea suspendida judicialmente.

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En un comunicado firmado por su presidente, Gino Ríos, el colegiado indicó que la decisión “no equivale a un nuevo nombramiento” y que la demanda de amparo presentada por la actual titular, Delia Espinoza, no suspende sus efectos y la resolución “debe ser acatada”.

“La reposición de la señora Benavides Vargas no equivale a un nuevo nombramiento. La JNJ anuló su destitución por vulneración al debido proceso y, de acuerdo con el artículo 12.1 de la Ley N.º 27444, restituyó la situación jurídica previa, en la que era fiscal suprema y fiscal de la nación, mismas condiciones que debían restaurarse”, expresó.

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“La resolución de reposición tiene plena eficacia mientras no sea suspendida judicialmente. La demanda de amparo presentada por la fiscal Espinoza (Exp. N.º 10506-2025) no suspende sus efectos, por lo que la resolución debe ser acatada”, agregó.

La JNJ también subrayó que Delia Espinoza no tiene competencia para iniciar diligencias preliminares contra sus miembros. “Además, su involucramiento directo en los hechos compromete su imparcialidad y objetividad fiscal”, enfatizó.

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Destacó que en un Estado de derecho, los funcionarios públicos deben acatar las decisiones de órganos competentes, pudiendo acudirse a los mecanismos procesales si se cuestiona su validez.

“Permitir que una autoridad seleccione arbitrariamente cuáles decisiones cumplir socava el orden democrático, abre paso al autoritarismo y debilita gravemente la cohesión del sistema republicano”, aseveró.