La Fiscalía de la Nación solicitó al Poder Judicial el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Julio Demartini, ex ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) del gobierno de Dina Boluarte, en el marco del caso “Qali Warma”.
A través de un requerimiento, el Ministerio Público solicitó el detalle de las comunicaciones que sostuvo durante todo el periodo de dos años que estuvo al frente del Midis, según un documento judicial al que accedió El Comercio.
Se trata del pedido “en su forma de intervención de las comunicaciones históricas”.
El exfuncionario es investigado por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia y de negociación incompatible por los supuestos actos irregulares durante su gestión en el Programa “Qali Warma” (hoy Wasi Mikuna) del Midis.
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Tras ser removido de su cargo ministerial, Demartini Montes fue contratado por el Ministerio de Economía y Finanzas a fin de que se desempeñe como asesor del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), desde fines de marzo de este año.
El pedido de la Fiscalía de la Nación fue recepcionado por el juez de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, quien programó la audiencia para el jueves 5 de junio a las 9 a.m.. Además, dispuso que la audiencia sea “reservada” y se realice de manera virtual.
Ampliaron imputaciones y no acudió a diligencia para autorizar levantamiento de comunicaciones
La Fiscalía de la Nación, como se recuerda, dispuso iniciar investigación contra Julio Demartini, por el plazo de 90 días, lo que permitía realizar diligencias hasta los primeros días del mes de mayo.
De acuerdo a la tesis fiscal, el exfuncionario se habría interesado en que la empresa Gambrinos Riepl Wahl SCRL, vinculada al periodista Martín Riepl, a fin de que esta pueda ser favorecida como proveedora de los programas sociales del Midis para los años 2024 y 2025.
Ante ello, el pasado 21 de marzo, la Fiscal de la Nación Delia Espinoza dispuso ampliar el caso por 30 días más, una vez que culmine el plazo otorgado al inicio de las pesquisas.
Ese mismo día, a través de otra disposición fiscal, ampliaron los hechos imputados en contra del exministro.
Según el documento, la decisión se adoptó sobre la base del Memorándum Múltiple D000088-2025-MIDIS/WM-USME, emitido por el Midis, respecto a la existencia de 247 contratos con distintas empresas proveedoras que “liberaron” (distribuyeron) a diversas regiones productos alimenticios que a su vez adquirieron a Gambrinus Werner, contrataciones que corresponden a distintas unidades territoriales a nivel nacional, en el 2024.
El documento fiscal agrega que, en mérito a ello, Gambrinus Werner “habría sido proveedora de alimentos de distintos consorcios y empresas proveedoras de alimentos del Programa Nacional Qali Warma”, hoy Wasi Mikuna.
Según el reporte, Gambrinus Werner habría vendido a las proveedoras de Qali Warma en Ayacucho, Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima Metropolitana y Callao, Lima Provincias, Loreto, Madre Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y San Martín.
“Aquella modalidad de distribución y colocación de productos alimenticios por parte de la empresa Gambrinus Werner Riepl Wahl SCRL a través de distintas empresas consorciadas estaba prevista para el periodo del presente año (2025) bajo la misma modalidad, y para lo cual se presume (según la hipótesis fiscal), que habría contado con la intervención del investigado a efectos de generar un provecho para terceros (en este caso, la empresa Gambrinus Werner Riepl y las empresas proveedoras con las que ésta sub contrataba); desconociéndose si a la fecha esta modalidad de contratación se llevó a cabo o no, debido a que, como ya lo ha informado el Midis, las contrataciones correspondientes al año 2025 aú se encuentran en proceso, siendo aún materia de investigación.”
Cabe recordar que Miguel Edgardo Riepl Cuperstein, gerente de la empresa Gambrinus, declaró ante la fiscalía que no conoce a Dermartini Montes y que su empresa no participó de algún contrato con el programa Qali Warma durante los años 2024 y 2025, o al menos no recordaba ello.
Dentro de dicho plazo, se dispuso la realización de diversos actos de investigación a fin de coadyuvar con el esclareciendo de los hechos.
Entre ellos, se requirió al Juzgado de Investigación Preparatoria levantar el secreto de las comunicaciones de Demartini Montes, durante el periodo comprendido entre el 11 de diciembre del 2022 y el 31 de enero del 2025.
Como se recuerda, el exfuncionario ocupó el cargo de ministro de Desarrollo e Inclusión Social del Perú desde el 10 de diciembre de 2022 hasta el 31 enero de 2025.
“La Fiscalía de la Nación solicita se dicte el Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones en su forma de intervención de las comunicaciones históricas, en el proceso seguido contra el afectado Julio Javier Demartini Montes, del periodo comprendido entre el 11 de diciembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2025.”
Según las investigaciones preliminares, la fiscalía busca confirmar la existencia de comunicaciones entre los implicados, entre ellos Carlos Roder Guillén Anchayhua -personaje vinculado a la presidenta Dina Boluarte y a su hermano Nicanor Boluarte- y otros que estén implicados en los procesos de contratación que ahora han sido incorporados en la investigación.
Como se recuerda, el aspirante a Colaborador Eficaz CE02-2024-522-F, señaló ante la fiscalía que Guillén Anchayhua lo buscó a nombre de Demartini, indicándole que el entonces ministro quería hablar con él a fin de pedirle que no declare a los medios de prensa sobre otra investigación referida a “Qali Warma y Frigoinca” y le iba a ofrecer apoyo.
Según el reporte de visitas del Midis, que también obra en la carpeta fiscal, Guillén Anchayhua se reunió hasta en tres oportunidades con Demartini Montes, en su despacho ministerial.
En su declaración ante la fiscalía, el exministro aseveró que conoció a Carlos Guillén cuando acudió al Congreso de la República y reconoció las reuniones en su despacho.
“ (Carlos Guillén) Se presentó como alguien que trabajaba en el Congreso y que conocía de medios de comunicación del interior del País y quería ayudar a la gestión del MIDIS por eso tuve esas dos reuniones muy cortas intrascendentes, más por un acto de cortesía que por otro interés.”
Por su parte, Guillén Anchayhua sostuvo que conoció a Demartini desde el 2022 y también aceptó haberse reunido con este en su despacho ministerial, asegurando que “fue ofrecerle el soporte de comunicaciones”.
“Sí lo conozco (a Julio Demartini), en circunstancias que el ex viceministro William Contreras, me lo presentó en una reunión de trabajo que se realizaba en la oficina del ex viceministro de Desarrollo e Inclusión Social, ello ha ocurrido aproximadamente en el año 2022.”
Por este y otros argumentos, la Fiscalía de la Nación citó a Demartini Montes el 16 de abril a fin de que autorice que se levante el secreto de sus comunicaciones, pero el exministro no acudió.
No obstante, ese mismo día, a través de su defensa, el exministro solicitó que se le precise qué comunicaciones iban a ser materia del levantamiento, los correos electrónicos y aplicaciones intervenidas y los números telefónicos sobre los que se tenía interés conocer.
“Citar para el 16 de abril de 2025 a las 10:00 horas, al investigado Julio Javier Demartini Montes, a fin de que brinde la autorización correspondiente para el levantamiento del secreto de sus comunicaciones; debiendo apersonarse a las oficinas del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, en compañía de su abogado defensor obligatoriamente.”
“Nos vamos a oponer, pese a que nunca nos hemos opuesto a entregar la información”
En diálogo con El Comercio, Fernando Silva, abogado de Demartini Montes, señaló que a la fecha, no habían sido notificados con el requerimiento del levantamiento del secreto de las comunicaciones ni el día de la audiencia.
En esa línea, aseguró que nunca se opusieron al levantamiento del secreto de las comunicaciones cuando fueron citados por la fiscalía, pero sí pidieron precisiones sobre dicha diligencia. Sin embargo, indicó que la Fiscalía de la Nación “nunca nos respondió y ahora hace este pedido y lo filtra a la prensa”.
Silva consideró que era importante que el Ministerio Público conteste a sus precisiones, pues explicó que, bajo su perspectiva, las investigaciones en este caso “están tan mal llevadas” y sin posibilidad de llegar a nada. Y, por el contrario, agregó, la fiscal está haciendo una “investigación prospectiva (una pesca de lo que sea)”, la misma que está prohibida en el país.
“No existen, conforme ya la Corte Suprema en el incidente de impedimento de salida del país, elementos de prueba suficientes que puedan llevar a un Juez a pensar que existe la posibilidad de que mi cliente haya cometido algún delito, porque no lo ha hecho. Nos vamos a oponer pese a que nunca nos hemos opuesto a entregar la información y porque con ello le demostraremos al Juez que esta defensa, inclusive, le ha pedido al Fiscal la precisión sobre qué fechas quiere la información, de qué tipo de comunicaciones las requiere (vía apps o mensajes o telefonía regular) y sobretodo con qué números las quiere.”
Finalmente, el abogado reiteró su posición al afirmar que la investigación contra su patrocinado “viene sin rumbo y con una necedad bastante triste”.
Concluyó anunciando que, como ya lo hicieron notar el Juzgado y la Sala de Apelaciones de la Corte Suprema, con este nuevo incidente se haría notar “todas las deficiencias de esta investigación”.
Cabe precisar que la Corte Suprema rechazó la apelación del Ministerio Público para que se dicte impedimento de salida del país contra el ministro.
