El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, anunció la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2025. Se trata del cuarto plazo adicional que se concede a este mecanismo creado en 2016, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y que en la práctica ha permitido operar a la minería informal bajo el argumento de un proceso de formalización.
Desde su instauración, el Reinfo ha sido prorrogado en tres ocasiones: la primera en 2019, extendiendo el plazo hasta diciembre de 2021; luego hasta 2024; y más recientemente, hasta el 30 de junio de este año, con la posibilidad de una prórroga de seis meses vía decreto supremo.
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Montero informó sobre la nueva ampliación durante una entrevista con TV Perú: “Nosotros hemos tomado ya la decisión de ampliar el proceso de formalización por única vez hasta el 31 de diciembre del 2025 para poder concluir adecuadamente el proceso de formalización, con condiciones que quedarán claramente establecidas en el decreto supremo que será publicado esta semana. Ahí quedará claro las condiciones para continuar con el proceso de formalización”.
Sin embargo, el balance del Reinfo es ampliamente cuestionado. El Comercio ha dado cuenta que de los 87.111 mineros informales inscritos desde 2016, apenas el 2,4% —poco más de dos mil— ha logrado formalizarse, a pesar de las sucesivas prórrogas y flexibilidades legales.
Aun así, el ministro Montero sostuvo que la intención del Ejecutivo es avanzar con quienes realmente muestran voluntad de formalizarse. “Nuestro propósito es la formalización de la mayor cantidad posible de empresarios de la pequeña minería y minería artesanal que evidencien actividad, estar vigentes y un deseo claro de realmente querer formalizarse para ejercer la actividad”, expresó.
Responsabiliza al Congreso
Montero también responsabilizó al Congreso por no aprobar una nueva ley para la pequeña minería y la minería artesanal, un tema aún pendiente en la Comisión de Energía y Minas, presidida por el legislador Paul Gutiérrez (Bancada Magisterial).
“Esperábamos que el Congreso pudiera debatir una nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal; entendemos que ese debate no ha concluido. No hay una nueva ley todavía; el debate continuará en agosto, entonces se hace necesaria, sin duda alguna, la ampliación del proceso de formalización, como lo indica la ley, hasta el 31 de diciembre”, afirmó.
Críticas desde el Legislativo
Desde el Parlamento, la ampliación del Reinfo fue recibida con cuestionamientos. La vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, Diana Gonzales (Avanza País), señaló que la medida no es sorpresiva, pero sí decepcionante.
“El Reinfo no ha logrado la formalización esperada y ha generado más problemas que soluciones”, dijo la congresista mediante un audio remitido a El Comercio por personal de su despacho. A su juicio, el Ejecutivo ha perdido la oportunidad de cerrar un régimen que considera fallido, y le reprochó su escasa participación en el debate del proyecto de ley MAPE en el Congreso.
“No se puede hablar de compromiso con la formalización si no participan cuando se discute el marco legal que la define. [...] La formalización minera requiere decisión política, no parches ni mucho menos dilaciones”, sostuvo.
Por su parte, la congresista María del Carmen Alva (no agrupada), también integrante de dicha comisión, advirtió que el Ejecutivo está utilizando una disposición de la ley aprobada a fines de 2024 —que habilita una ampliación excepcional de seis meses— como argumento para “patear el problema hasta diciembre”.
“Pero lo cierto es que no hay avances reales en el proceso de formalización. [...] Esta prórroga solo acumula más informalidad, más contaminación y más presión social. Es una bomba de tiempo”, alertó.
Alva también criticó la falta de liderazgo del presidente de la Comisión de Energía y Minas, al no lograr aprobar una ley integral de formalización minera. “Eso revela falta de interés o capacidad para enfrentar uno de los problemas estructurales más graves del país”, apuntó.
El legislador Jorge Montoya (Honor y Democracia), integrante de la misma comisión, también se mostró en contra de la medida. “Debió haber hecho una buena ley que suprima la necesidad de tener un Reinfo, y dar las posibilidades para que los mineros se formalicen de manera natural”, indicó. A su juicio, la decisión del Ejecutivo solo prolonga el “status quo actual”.
“Facilismo y complicidad”
El abogado ambientalista César Ipenza sostuvo que la decisión del Ejecutivo no sorprende, pues responde a una lógica de complacencia con los sectores que se benefician del Reinfo. “Lo que hemos visto del Ministerio de Energía y Minas es siempre una posición bastante complaciente con los mineros”, declaró a El Comercio.
Ipenza añadió: “Vimos al ministro del Ambiente diciendo que se tenía que ampliar [el Reinfo] por única vez, nuevamente. [...] Y no podemos dejar de mencionar el tema del Reinfo hereditario y la vinculación del director actual de Formalización Minera del Minem [Máximo Gallo Quintana] con las organizaciones mineras. Entonces, todo esto nos demuestra que no se resolverá nada y que simplemente hay una situación de facilismo y de complicidad”.
En mayo, la presidenta Dina Boluarte firmó el Decreto Supremo N°009-2025-EM, que reglamenta la Ley N°32213. Una de sus disposiciones permitía transferir el Reinfo por herencia, en caso de fallecimiento del titular. Sin embargo, ante la ola de críticas, el gobierno eliminó esa disposición.
En tanto, la Unidad de Investigación de este Diario reveló que, un año antes de asumir su actual cargo, Máximo Gallo participó en una reunión entre la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe) y el entonces ministro Rómulo Mucho. Gallo fue registrado oficialmente como parte de la delegación de dicho gremio, aunque él niega haber asistido en representación de la federación.
