Expresidentes del Consejo de Ministros criticaron al gobierno de Dina Boluarte por el trámite iniciado para aumentar el sueldo de la mandataria, luego de que se conociese que este partió de un pedido del propio Despacho Presidencial. El impulso dado a esta iniciativa fue calificado como “imprudente” y de “poca sensibilidad política”, así como de un nuevo golpe a la credibilidad del Ejecutivo.

El último domingo, Panorama reveló un oficio enviado en febrero pasado por el subsecretario general del Despacho Presidencial, Antonio Ramos Bernaola, a la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros.

En el escrito se hace referencia a otros tres documentos, se alude a “las acciones necesarias” para establecer la valorización de puestos en Palacio de Gobierno y se pide “gestionar las acciones pertinentes” de acuerdo con la Ley del Servicio Civil.

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Los otros documentos adjuntos son una resolución de septiembre de Servir donde se establece el sueldo de los funcionarios de Palacio de Gobierno, a excepción de la presidenta y del vicepresidente, y otros dos documentos que aún no se han hecho públicos. Sin embargo, de sus títulos se desprende que son informes emitidos por la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial.

La semana pasada, el Ejecutivo negó a El Comercio el acceso a cuatro oficios que dieron origen al informe a través del cual el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) determinó que el salario de la presidenta debe pasar de S/16.000 a S/35,568. El Ejecutivo calificó estos expedientes como “confidenciales” ante requerimientos de acceso a la información hechos por este Diario y otros medios.

Este lunes 26 de mayo por la tarde, Presidencia emitió un comunicado donde afirmaron que el documento en cuestión solo “solicita evaluar la estructura de puestos del Despacho Presidencial conforme a la Ley del Servicio Civil” y no implica “un incremento automático de remuneraciones ni una decisión directa de la jefatura de Estado”. Además, señalaron que el sueldo de Dina Boluarte no ha sido modificado.

El sueldo presidencial fue reducido por Alan García de S/ 15,600 a S/ 8,500 al inicio de su segundo gobierno (2006-2011). El monto se restableció en S/ 15,600 durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016). Durante esa gestión, en el 2014, se aprobó aumentar el sueldo a los ministros a S/ 30 mil, pero el presidente optó por mantenerse con su mismo sueldo.

Todos los presidentes posteriores se mantuvieron con ese sueldo, con los ministros ganando más que el mandatario, hasta el gobierno de Dina Boluarte, donde ahora se tramita un posible aumento del 125%.

Para Juan Jiménez Mayor, primer ministro durante el gobierno de Ollanta Humala (2012-2013) la versión inicial del Ejecutivo sobre el origen del pedido para el aumento de sueldo buscó evitar “un conflicto de interés” por parte de la persona “que tiene la autoridad, el poder de mando” para hacer esto. “Sin embargo, ya se evidenció que, en este tema, el impulso de este proceso de toma de decisiones vino del propio Despacho Presidencial”.

“Las cosas en el Estado no se dan de casualidad. Cuando se toma o se quiere tomar una decisión, hay alguien que toma esa decisión. Era extraño que se haya planteado como un asunto automático, como que alguien se dio cuenta después de varios años y varios regímenes que había un problema con el salario del presidente”, opinó.

El también exministro de Justicia consideró que la iniciativa del Despacho Presidencial “es totalmente imprudente, desconectada de la realidad”.

“Es absolutamente inapropiado, más aún en este momento. Hay un conflicto de interés clarísimo y está claro, nuevamente, que la señora no dice la verdad y hacer que sus ministros salgan a defenderla con argumentos falsos”, declaró.

Agregó que estamos ante “un gobierno que ya no tiene ninguna aceptación de la población, que tiene cero de credibilidad y popularidad, ya es capaz de cualquier cosa, ya no le importa lo que piense la gente”. “Si no tienen nada que perder, pueden tomar cualquier decisión”, opinó.

Mercedes Aráoz, quien fue ministra durante casi todo el gobierno de Alan García (2006-2010) y luego presidenta del Consejo de Ministros con Pedro Pablo Kuczynski (2017-2018), opinó que “el presidente o la presidenta tienen la potestad de conversar con sus ministros y hacerles pedidos”.

No obstante, advirtió que el aumento del sueldo presidencial se trata de “un tema bastante delicado porque tiene implicancias políticas y, por lo tanto, debió haberlo conversado con el primer ministro, que es su coordinador interministerial”.

La también excongresista opinó que el tema pudo ser manejado “no con secretismo, pero sí con el cuidado del caso, con los consejos políticos que también vienen del ministerio respectivo. Eso hubiera sido lo óptimo”.

Pedro Cateriano, presidente del Consejo de Ministros durante los gobiernos de Ollanta Humala (2015-2016) y Martín Vizcarra (2020), considera que la revelación sobre el origen del pedido golpea la imagen del Ejecutivo y evidencia que tenemos en Dina Boluarte a “una presidenta que usa la mentira como forma de gobierno”.

“Queda mal la presidenta, quien no es precisamente una persona que usa la verdad; sino que, por el contrario, constantemente se le vienen desbaratando, lamentablemente y vergonzosamente, sus mentiras. Desde ese punto de vista, es sumamente grave. La presidenta no es consciente de que esto afecta no solo su reputación, que se ve reflejada en en las encuestas, sino también afecta la imagen internacional del país y de la propia institución presidencial”, dijo a este Diario.

Cateriano añadió que también queda mal parado el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, quien “empleó un argumento anticonstitucional e impropio de una democracia al pretender, para ocultar esta mentira, decir que era información confidencial.

”Cuando dio esa declaración es probable que ya supiera que el trámite se inició en el despacho presidencial y acaso por esa razón tuvo esa desafortunada declaración", dijo.

“Lo más censurable es que haya mentido nuevamente. Es inaceptable, condenable. vergonzoso. Y lo más grave es que el presidente del Consejo Ministros haya iniciado sus funciones avalando esta mentira, tratando de ocultar la verdad (...) No había información confidencial, lo que pasaba es que si se brindaba ese ese esa información se iba a descubrir la mentira de la presidenta. Eso es lo que ha ocurrido”.

Por otro lado, Jiménez Mayor indicó que cuando fue primer ministro, hubo un debate en torno al aumento de sueldo de los integrantes del gabinete. Si bien consideraba que debían ganar más, indicó que se opuso “porque eso iba a tener unas repercusiones políticas que iban a afectar al gobierno”. Ese aumento se concretó luego, en febrero del 2014, citando la Ley de Servicio Civil.

Sin embargo, también recordó que el entonces presidente optó por no aumentar su sueldo y terminó ganando menos que sus ministros por una decisión política. De hecho, todos los subsecuentes presidentes hasta Dina Boluarte se mantuvieron con el sueldo de entonces, siendo este menor que el del jefe de Estado.

“En política, uno tiene que saber que este tipo de decisiones son decisiones que van a tener una repercusión política. Creo que la función de presidente y de los ministros este no se realiza por un tema salarial, sino por un tema de servir al país. Nadie debe buscar en el ejercicio de la función pública un afán de lucro o de obtener recursos”, opinó.

Previamente, Alan García redujo el sueldo presidencial al inicio de su gobierno y, según Mercedes Aráoz, nunca buscó un posterior aumento, como tampoco lo hizo Pedro Pablo Kuczynski.

“Él (Alan García) estaba seguro de lo que hizo. Yo creo que no fue conveniente, se perdieron alguno buenos funcionarios en ese momento. Es un tema muy delicado, muy problemático, así que no vi ningún gobierno que esté con la posibilidad de cambiarlo para sí mismo (…) En cualquier coyuntura, en bonanza o en crisis, no es una buena señal política”.

El informe del MEF que recomienda subir el suelo de Dina Boluarte señala que, de acuerdo con la Ley 28212 del 2004, “el presidente debe percibir la remuneración más alta dentro del servicio de la Nación, en concordancia con su nivel de responsabilidad y función representativa”. Ese es uno de los argumentos detrás para sugerir el aumento a favor de la mandataria.

Sobre la conveniencia de que un pedido de este tipo salga desde el propio Despacho Presidencial, Mercedes Aráoz consideró que lo mejor hubiese sido que se plantee el tema, pero sin que llegue a beneficiar a la propia Dina Boluarte, sino que aplique a partir del próximo gobierno.

“No lo haría pensando en este corto plazo, porque en el corto plazo estás en medio de una situación delicada, política, con muchas aristas, no tiene el acompañamiento de una bancada y hay que entender la sensibilidad del público. Yo lo hubiera hecho pensando en el siguiente presidente, para dejar la cancha libre para el siguiente presidente”.

Araóz consideró que, en efecto, el tema de los sueldos en el Estado debe ser ordenado y que “en genérico, un presidente debe ganar que los ministros, eso es evidente”. “En ese sentido, ordenar eso no está mal, pero no en esta coyuntura, no para este presidente. Yo se lo dejaría listo para que el siguiente presidente entre con ese ya es ese ingreso mayor”, opinó.

Finalmente, la exministra consideró que no hay un tema de “conflicto de intereses” detrás de esta solicitud, pero sí se puede hablar de “poca sensibilidad política”.

Cateriano señaló que el presidente debería ser el funcionario con mayor remuneración, pero que el sueldo se redujo “demagógicamente” durante el segundo gobierno de Alan García, lo que se mantuvo con los siguientes presidentes “precisamente pues por el contexto, porque nunca hay calma para analizar esto fríamente. Ninguno se atrevió a modificar esa remuneración”.

No obstante, el exministro apuntó que hoy estamos en medio de una coyuntura de “compadrazgo político”, del uso extensivo de los cargos de confianza y del incremento de la burocracia en el Ejecutivo y en el Congreso. “Estamos frente a un saqueo de los recursos del estado, eso es clarísimo”.

Jiménez Mayor coincidió en que “hay un desorden en la planilla pública”, frente al cual el gobierno debió impulsar un ordenamiento, mas no buscar un aumento del sueldo de la mandataria. “El problema de fondo es el de la burocracia dorada en el país que debe arreglarse, no el sueldo de la presidenta. Y ella, como jefa de Estado, debería estar velando por los grandes intereses del país, no por arreglar su tema personal”.

Por otro lado, el exministro advirtió que ya hay gastos de la presidenta que están cubiertas por motivo de su función: sus viajes, sus traslados, su seguro y su alimentación, e incluso aspectos como los regalos que hace cuando visita o recibe a otras autoridades o personalidades. Estos últimos, indicó, se manejan con un presupuesto de la Cancillería.