

La Comisión de Constitución del Congreso de la República inició este martes 20 de mayo el debate sobre las sanciones a los partidos políticos acusados de afiliaciones indebidas y firmas falsas.
Durante la sesión, dicho grupo de trabajo evaluó cuatro proyectos de ley, uno de ellos presentado por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, quien lo sustentó.
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“Estamos proponiendo la suspensión del procedimiento de organizaciones políticas que, por ejemplo, presentan un número importante de registros no válidos. Eso ya es una alerta de que eventualmente hay un problema en el proceso de afiliación”, expresó.
“Esto, por ejemplo conllevaría que puede ser derivado de afiliaciones que han sido realizadas a través del mismo puño gráfico”, agregó el titular del máximo organismo electoral.
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Los otros proyectos presentados sobre el tema son de Luis Aragón (Acción Popular), que propone cancelar la inscripción de aquellas agrupaciones que incurran en estos hechos; y Alejandro Muñante (Renovación Popular), que plantea la suspensión.
El otro proyecto restante es de la congresista María del Carmen Alva (no agrupados), que propone la suspensión o cancelación de la inscripción de la organización política y remite el caso al Ministerio Público.
Elecciones del 2026
De otro lado, Burneo destacó la magnitud del proceso electoral del 2026, donde refirió que se presentará medio millón de competidores que aspiran a ocupar 13.032 cargos en los comicios regionales y municipales.
El presidente del JNE advirtió sobre los problemas registrados en procesos anteriores, como la anulación de elecciones en algunos distritos, lo que llevó a convocatorias complementarias reiteradas.
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Por su parte, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto señaló que si en el 2022 el proceso electoral fue complejo, las próximas elecciones serán “sumamente complejas”.
Sobre el plazo para la inscripción de alianzas y definición de la modalidad, consideró que es altamente riesgoso e inmanejable desde una perspectiva técnica y operativa. Afirmó que se está proponiendo una ventana de tiempo estrecha.
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En ese sentido, afirmó que la definición de los plazos debe considerar la magnitud real del proceso electoral 2026, no solo desde el punto de vista normativo o político, sino desde la viabilidad técnica.
“Reducir el plazo a 70 días hace inviable la organización administrativa de la elección interna. Por ello, solicitamos mantener el plazo mínimo de 90 días, como un estándar técnico indispensable que garantice elecciones internas ordenadas, transparentes y viables”, dijo.
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Por último, la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, presentó dos propuestas para optimizar la planificación de las elecciones primarias regionales y municipales de 2026.
La primera consiste en uniformar la convocatoria electoral, sugiriendo que se realice con un año de anticipación, como ocurre con las elecciones generales. Esta medida, facilitaría la asignación de recursos presupuestarios y ofrecería más tiempo para que los actores políticos organicen sus alianzas y estrategias.
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La segunda propuesta busca ampliar el plazo de validación de padrones por parte del Reniec, de 70 a 90 días, alineándose con el proceso de elecciones generales.
Explicó que este cambio permitiría una revisión más rigurosa y minuciosa de los padrones, evitando errores debido a la presión de tiempo y asegurando condiciones de igualdad entre los distintos procesos electorales.
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