El debate, que determinará si las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte, que inició la Fiscalía de la Nación durante su gestión, son anuladas o no, aún se extenderá hasta una próxima sesión en el Pleno del Tribunal Constitucional (TC).
Tal como había anunciado El Comercio, el Pleno del TC inició el debate de la demanda competencial presentada por el Ejecutivo en contra del Ministerio Público y el Poder Judicial, pero no llegó a un acuerdo.
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Los magistrados que integran el pleno del TC sesionaron desde la mañana del viernes 23 de mayo hasta horas de la tarde.
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Entre los casos que abordaron, estuvo el expediente donde el Ejecutivo plantea que se realice una interpretación del artículo 117 de la Constitución, vinculada a las circunstancias en las que un presidente de la República puede ser o no investigado.
De acuerdo a fuentes consultadas por El Comercio, si bien se debatió y los magistrados expusieron sus posturas sobre el caso, “no se llegó a un acuerdo”.
Por ello, indicaron, debido a su “complejidad” continuarán con el debate hasta alcanzar un consenso.
En la sesión participaron seis de los siete integrantes del Pleno del TC, puesto que el magistrado César Ochoa se encuentra de vacaciones.
Según pudo conocer este Diario, el magistrado se estaría reincorporando a mitad de la próxima semana.
El gobierno de Dina Boluarte, que llevó el caso ante el TC, sostiene que la Carta Magna no permite que un presidente en ejercicio sea objeto de una investigación fiscal preliminar; y que sólo puede ser acusado constitucionalmente por el Congreso de la República, por los cuatro supuestos establecidos en el artículo 117° de la Constitución.
Como consecuencia de su demanda, el Ejecutivo ha requerido que todas las investigaciones que la Fiscalía de la Nación, abrió en contra la mandataria, sea anulen las disposiciones, resoluciones o actos viciados de incompetencia.
Según el artículo 117 de la Constitución, el Presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral
El Ministerio Público, por su parte, considera que un presidente en funciones sí puede ser investigado preliminarmente, pues la Constitución no lo prohíbe; y adicionalmente, el fin de investigar a un mandatario en funciones es que las pruebas no se pierdan o se oculten, un riesgo que se presentará si se espera al término de su gobierno.
Además, se sostiene que el TC ya resolvió demandas del expresidente Pedro Castillo, contra las investigaciones fiscales abiertas en su contra en funciones, y el tribunal no le dio la razón y tampoco señaló que dichas pesquisas eran contrarias a lo establecido en el artículo 117 de la Constitución.
Desde el Poder Judicial también están de acuerdo con que un jefe de Estado, pueda ser investigado mientras desempeña sus funciones, ya que no hacerlo contraviene los tratados internacionales a los que se suscribió el Estado Peruano, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que establece la obligación de los Estados para luchar contra la corrupción equilibrando las inmunidades para evitar la impunidad.
Desde que asumió el cargo presidencial, en sucesión del gobierno de Pedro Castillo, en diciembre del 2022, a Boluarte Zegarra se le abrió investigaciones por la muerte de diversas personas en las protestas de fines del 2022 e inicios del 2023.
También, por presuntamente haber beneficiado a su amigo Víctor Torres con una contratación en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por el Caso Rolex -recientemente archivado en el Congreso-, por desactivar el equipo especial de la Policía que apoyó al Eficcop del Ministerio Público, por la fuga de Vladimir Cerrón, y la cirugía estética a la que se sometió en 2023, entre otros casos.
Varios de estos se encuentran en el Congreso de la República, luego que la Fiscalía de la Nación presentó denuncias constitucionales por la fuga de Vladimir Cerrón, la cirugía estética, presunto enriquecimiento ilícito y otros.
