:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/48cc2147-92aa-4e42-b290-c64e7e5a24f3.png "César Eduardo Díaz Sánchez")
El año que acaba de empezar plantea nuevos retos para las autoridades de todos los niveles de gobierno. La voz de los ciudadanos viene sintiéndose cada vez más y la paciencia se agota.
Inseguridad ciudadana, crimen organizado, corrupción política e impunidad legal son solo algunos de los males que azotan a nuestra patria y la percepción sobre la respuesta estatal es negativa en todas sus formas. Es urgente recuperar el principio de legitimidad para afrontar con todas las herramientas que tiene el Estado a su disposición y dar efectiva solución a los problemas mencionados.
Todos los esfuerzos de las autoridades deben estar orientados hacia un objetivo en común: asegurar el bienestar general de los ciudadanos y proporcionar un ambiente de paz y armonía, para, de esa forma, demostrar a cada compatriota que en este país es posible soñar con un futuro mejor.
Es menester también lograr un involucramiento de la sociedad civil en el planteamiento de alternativas de remedio, logrando así mejorar la comunicación entre actores interesados que hagan sentir la presencia de todas las voces dispuestas a dar su punto de vista. Existe una infinidad de ejemplos históricos nacionales que demuestra que un involucramiento proactivo de organizaciones independientes del Estado trae consigo resultados positivos.
La tarea de nuestros representantes por asegurar la viabilidad del sistema democrático en este 2025 será titánica y demandará la realización de reformas que extirpen de raíz los problemas referidos. Una colaboración interinstitucional se hace urgente.
