Gobernados por el vacío

Ha pasado casi un mes desde que en estas páginas (El Comercio, 4/4/2025) advertí sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre institucionalidad y mano dura para enfrentar el desborde criminal. Lamentablemente, el panorama no ha mejorado. Por el contrario, la masacre de 13 trabajadores en Pataz y la reacción gubernamental –medidas tardías, improvisadas o ineficaces– no han hecho más que confirmar que el gobierno no está a la altura del desafío.

La desconexión con el drama cotidiano que vive buena parte del país agrava la situación. El primer ministro Gustavo Adrianzén ha demostrado más diligencia para gestionar incrementos salariales en Palacio que en ofrecer respuestas concretas a la criminalidad. En lugar de empatía y acción, ha optado por la defensa ciega de una presidenta con 94% de desaprobación, envuelta en cuestionamientos por ausencias injustificadas y mentiras sobre intervenciones estéticas. Esta actitud justifica los cuatro pedidos de censura.

Pero no se trata solo de cambio de nombres. Pensar que un cambio en la PCM bastará para revertir el avance del crimen sería ingenuo, más aún si la designación queda en manos del mismo entorno que ha demostrado no entender la magnitud de la crisis. Si la coalición parlamentaria que sostiene a Boluarte ha decidido mantenerla en el poder hasta julio del 2026, le corresponde entonces asumir un rol más activo y hacerse responsable en la gestión del país. Necesitamos una conducción política real.

De lo contrario, el riesgo es claro: el 46% que hoy expresa simpatía por un “Bukele peruano” (Ipsos, abril) puede escalar hacia el populismo autoritario que promete escuadrones de la muerte, jueces sin rostro o el peligroso “chapa tu choro y déjalo paralítico”. Recordemos que el vacío de liderazgo suele llenarse con radicalismos.

Los presidenciables de izquierda, moderada o radical, apenas alcanzan el 10% de las preferencias; nivel similar al conjunto de candidatos próximos a la derecha dura. A menos de un año de las elecciones, cuatro de cada diez peruanos no tienen idea o no quieren saber nada de las opciones disponibles para ocupar la presidencia (Ipsos, abril).

En el escenario de alta fragmentación actual, con 43 agrupaciones políticas en contienda, no sería extraño que en el 2026 los finalistas lleguen a la segunda vuelta con porcentajes aún menores a los que obtuvo Pedro Castillo en el 2021 (19%). De persistir esta tendencia, podríamos vernos forzados a elegir nuevamente “al menos malo”.

La ciudadanía tiene claro quién detenta el poder real. Desde hace un año, el 67% identifica al Congreso como el verdadero centro de decisiones (Ipsos, mayo 2024). Es evidente que ni vetos a viajes de la presidenta ni censuras bastarán para desligarse de una administración impopular. Mientras tanto, el “nuevo chico del barrio”, Carlos Álvarez, figura con 66% de favorabilidad (Datum, abril 2025), capitalizando su rol de crítico social representado en sus imitaciones. El descrédito político ha generado espacios para figuras sin trayectoria partidaria ni propuestas concretas.

Hoy, solo APP ha asumido sin ambigüedades su alianza con Boluarte, con presencia en el Ejecutivo y apoyo parlamentario. El resto juega al equilibrio del elefante en la tela de una araña: se distancia cuando el costo político es alto, pero no rompe realmente con el Gobierno.

En los 13 meses que le quedan a este gobierno, los partidos que sostienen el poder deben asumir responsabilidades concretas y participar en la toma de decisiones urgentes. De lo contrario, la única salida será una vacancia, con sus riesgos y consecuencias. No habrá siempre humo blanco papal para encubrir desaciertos. Un nuevo atentado podría devolvernos a nuestra dolorosa realidad, alimentando el anárquico “que se vayan todos”.