A por los fondos privados de pensiones

Los sistemas de pensiones son redes de protección social, mecanismos que permiten garantizar a las personas una pensión en su vejez. En países como el Perú, con una economía altamente informal, establecer un sistema de pensiones que asegure a todos los trabajadores es un reto.

En el 2024, el Congreso aprobó una reforma del Sistema Privado de Pensiones (SPP) y, aunque esta reforma estaba lejos de ser perfecta, era un avance. Sin embargo, un proyecto de ley presentado en los últimos días generaría un nuevo retroceso. La reforma establecía una pensión mínima garantizada que era equivalente a la pensión de los jubilados de la ONP, aunque las contribuciones del afiliado no hubiesen llegado al monto necesario. Para lograrlo, el Estado aportará la diferencia, a través de fondos públicos, pero con la condición de que no podrían aprobarse nuevos retiros de los fondos privados de pensiones. El proyecto de ley presentado derogaría esta prohibición para que los afiliados puedan acceder a un nuevo retiro. Y, de hecho, ya existe otro proyecto de ley autorizando el octavo retiro.

En el 2020, cuando se promovió el retiro anticipado de los fondos privados de pensiones, estos representaban el 23% del PBI. El objetivo del retiro era ayudar a las familias que habían perdido su trabajo a transitar la cuarentena. Sin embargo, terminada la pandemia, el Congreso siguió aprobando más retiros, con lo que los ahorros previsionales en el SPP se redujeron a menos de la mitad de lo que se había acumulado hasta el 2020. Con la aprobación del séptimo retiro en mayo del 2024 salieron S/115.000 millones de los fondos, quedando actualmente S/110.000 millones. Esto es un factor de riesgo para la estabilidad financiera del país y para garantizar la jubilación de millones de peruanos, que corren el riesgo de atravesar la vejez en pobreza por falta de recursos. Más aún, el objetivo de los retiros no se cumplió, ya que a partir del tercer retiro el 60% de los fondos retirados fueron de personas con altos ingresos que no los necesitaban para subsistir. Actualmente el dinero acumulado en los fondos privados equivale al 11% del PBI. Si no hubiera habido retiros, los fondos representarían el 30%.

Como consecuencia de los retiros, siete millones de peruanos se han quedado con cero soles en su fondo de pensiones. Gran parte de este dinero ha sido depositado en cuentas bancarias con tasas por debajo de la inflación, con lo que en la práctica está perdiendo valor. Recordemos que parte del rol de las AFP es invertir para generar mayores tasas de retorno que permitan a los afiliados tener pensiones aceptables al momento del retiro.

Los retiros anticipados del SPP, además de afectar directamente las cuentas individuales y con ello las pensiones de los afiliados, afectan las finanzas públicas y reducen la liquidez en el mercado de capitales, elevando el costo de financiamiento del país y limitando la posibilidad de invertir en los grandes proyectos de infraestructura que son necesarios para cerrar la brecha de acceso a servicios y aumentar la productividad.

Nuestro país requiere de varias reformas para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, reformas que deben ser lideradas por expertos hacedores de políticas públicas y sostenidas por partidos políticos serios. Con estos proyectos de ley el Congreso continúa en el proceso de destrucción de la institucionalidad, y los costos los deberemos pagar todos los peruanos.