La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador acusó a un joven abogado y a un líder comunitario, ambos defensores de derechos humanos, de desórdenes públicos tras participar de una concentración pacífica en la que pedían al presidente Nayib Bukele apoyo para frenar un desalojo de cientos de campesinos, informaron este miércoles medios locales.

La acusación contra el abogado ambientalista Alejandro Henríquez y el pastor evangélico y líder comunitario José Ángel Pérez fue presentada la noche del martes, según una información del periódico La Prensa Gráfica.

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“Fuentes confirman a @prensagrafica que ayer (martes) por la noche fue presentado el requerimiento fiscal en contra de Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, detenidos entre el 12 y 13 de mayo por encabezar una protesta pacífica de la cooperativa El Bosque y sus habitantes”, publicó ese medio de comunicación en X, mientras que la Fiscalía no ha desmentido ni confirmado la información.

El rotativo salvadoreño explicó que, según sus fuentes, “ambos son acusados de desórdenes públicos y resistencia”, y que “el caso será llevado por el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla y la audiencia inicial sería este viernes 30 de mayo”.

Otros medios salvadoreños, como la red de radios comunitarias ARPAS, el noticiero de televisión TVM El Salvador, Revista La Brújula, entre otros, han publicado una información similar.

Un grupo de pobladores de una comunidad rural e integrantes de la Cooperativa El Bosque se concentraron la noche del 12 de mayo en las cercanías de un lujosa residencial en la que habita el presidente Bukele para pedir ayuda, pero agentes de la Policía intentaron detener a varias de estas personas sometiéndolas, según las publicaciones de medios locales.

Diversas organizaciones denunciaron el día 13 la detención de Henríquez y de Pérez.

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Según trascendió el pasado 16 de mayo en la prensa salvadoreña, un juzgado salvadoreño dejó sin efecto el desalojo de las 300 familias, programado para el 22 de mayo, por lo que no se realizó.

En respuesta a la protesta, Bukele acusó a organizaciones de “manipular” a los pobladores y envió a la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, una Ley de Agentes Extranjeros que impone un impuesto del 30% sobre las donaciones que reciben, y que además estipula multas y la disolución sino se cumple.

La ley fue aprobada recientemente por el Congreso.

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