
En un giro que ha generado inquietud a los migrantes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) decidió reactivar su contrato con el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida. Esta decisión llega tres años después de que la misma agencia suspendiera sus operaciones en el lugar por “preocupaciones persistentes” relacionadas con abusos y negligencia. Lo que desconcierta a muchos es que ICE no presentó evidencia concreta de mejoras estructurales, ni ha permitido el acceso independiente al centro para verificar sus condiciones actuales.
EL CENTRO MIGRATORIO TUVO DENUNCIAS POR ABUSO FÍSICO Y CONDICIONES INHUMANAS
Entre 2021 y 2023, Glades fue objeto de múltiples denuncias por parte de organizaciones civiles, abogados de inmigración y exdetenidos, quienes documentaron un patrón de violencia, condiciones insalubres y falta de atención médica.

Uno de los testimonios más impactantes fue el de Abraham Sano, un liberiano deportado en 2021 que relató haber sido rociado con gas pimienta por los guardias y confinado en aislamiento durante varios días. “Mi cuerpo ardía por días”, dijo en una entrevista con CNN, resumiendo la brutalidad que vivió entre esos muros.
Otro caso alarmante fue el de Michael Wallace, originario de Jamaica, quien pasó siete meses detenido en Glades sin recibir su medicación para la epilepsia, a pesar de que los registros médicos advertían que no debía interrumpirse. Su abogada, Katie Blankenship, denunció que la omisión puso en grave riesgo la vida de Wallace, revelando la precariedad de la atención médica dentro del centro. A esto se suman incidentes como el de Rollin Manning, hospitalizado tras una fuga de monóxido de carbono atribuida a fallos humanos en el manejo del sistema de ventilación.

ICE ASEGURÓ QUE GLADES CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES
Pese a este historial, ICE y el Sheriff del Condado de Glades insisten en que el centro “opera bajo los más altos estándares”. Sin embargo, ninguna de las instituciones ha proporcionado documentación que respalde esa afirmación. Tampoco han permitido auditorías independientes que garanticen la seguridad y el trato digno de las personas detenidas. Esta falta de transparencia alimenta la desconfianza en una decisión ya de por sí polémica.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se ha defendido la reapertura argumentando que “las alegaciones fueron consideradas infundadas” y que se han realizado mejoras en servicios básicos, incluyendo acceso a tablets para que los internos puedan presentar quejas o comunicarse con sus familias. Pero, sin verificación independiente, estas declaraciones suenan más a una estrategia de relaciones públicas que a una transformación real.
La reactivación del contrato con Glades ha provocado una fuerte reacción por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. La Shut Down Glades Coalition, entre otras, ha renovado sus llamados al cierre definitivo del centro, subrayando que no basta con promesas: se necesitan acciones verificables y un compromiso con la rendición de cuentas. La historia de Glades no puede reescribirse con comunicados oficiales mientras persistan las denuncias no investigadas.
Este episodio ha reavivado el debate sobre el uso de cárceles privadas y centros locales para la detención migratoria. ¿Cómo se garantiza el bienestar de las personas bajo custodia cuando las mismas instituciones que deberían fiscalizar operan sin control externo? Para muchos, Glades simboliza un sistema más interesado en contener que en proteger, más enfocado en aparentar reformas que en ejecutarlas.
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Periodista con experiencia en redacción y creación de contenido digital. Soy licenciado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Trabajé en medios de comunicación y agencias de marketing. Experiencia también como fotógrafo en campos deportivos.