La administración de Donald Trump intensificó sus esfuerzos por acelerar las deportaciones en Estados Unidos, dando prioridad a una estrategia poderosa: la desnaturalización. Bajo una nueva orden ejecutiva, el Departamento de Justicia (DOJ) no solo se enfocará en los inmigrantes indocumentados, sino que también apuntará sus esfuerzos hacia los residentes permanentes legales e incluso los ciudadanos naturalizados. La medida, aunque legal, representa una ruptura significativa con las prácticas migratorias tradicionales del país.
MUY POCAS VECES SE UTILIZÓ ESTA ESTRATEGIA
Históricamente, despojar de la ciudadanía a una persona ha sido un proceso reservado para casos excepcionales. Entre 1990 y 2017, apenas 305 personas fueron desnaturalizadas. Sin embargo, durante la primera presidencia de Trump, esta cifra dio un salto alarmante: 2,500 casos fueron revisados y al menos 110 solicitudes formales fueron remitidas al DOJ, según datos de El Imparcial. Esto marca un claro endurecimiento de la política migratoria, que ahora parece enfocarse más en castigar que en integrar.
La nueva orden no solo intensifica la revisión de antecedentes, sino que amplía considerablemente las causas que pueden llevar a la revocación de la ciudadanía. Lo que antes era una herramienta utilizada en situaciones extremas, hoy se perfila como una táctica sistemática para “limpiar” los registros migratorios. Esta estrategia plantea serias dudas sobre la estabilidad de la ciudadanía adquirida por naturalización, un estatus que, hasta hace poco, era considerado casi tan sólido como el de nacimiento.
El gobierno de Donald Trump busca quitarle la ciudadanía a ciertos inmigrantes naturalizados que hayan cometido ciertos delitos (Foto: AFP)
TRUMP ORDENA AL DOJ REVOCAR LA CIUDADANÍA DE LOS MIGRANTES QUE COMETAN DELITOS
Entre los delitos que ahora podrían desencadenar una desnaturalización se encuentran aquellos relacionados con la seguridad nacional, como el terrorismo, los crímenes de guerra y la participación en cárteles de droga o redes de tráfico humano.
No obstante, lo que más preocupa a expertos y defensores de derechos civiles es la inclusión de delitos civiles menores, como el fraude al Medicaid, al Medicare o al Programa de Protección de Nómina (PPP), impulsado durante la pandemia.
Para el abogado constitucionalista Joseph Malouf, esta expansión del criterio de desnaturalización abre la puerta a una nueva etapa de incertidumbre. “Lo que vamos a ver es un aumento de casos por delitos menos serios”, explicó en entrevista con Telemundo.
“Esto va a aterrorizar a todo el mundo”, agregó, refiriéndose al temor generalizado que podría propagarse entre millones de inmigrantes que han vivido durante años en EE.UU. con la creencia de haber asegurado su permanencia legal.
El enfoque de la administración no sólo apunta a castigar el fraude o los delitos, sino que pone en entredicho la confianza en el sistema de naturalización. Muchos temen que errores pasados, cometidos incluso antes de obtener la ciudadanía, puedan ser utilizados retroactivamente como motivos de despojo. Esta revisión minuciosa del pasado convierte al proceso migratorio en una trampa de doble filo: una vez cruzada la meta, nada garantiza que uno no sea devuelto al punto de partida.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!
Periodista con experiencia en redacción y creación de contenido digital. Soy licenciado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Trabajé en medios de comunicación y agencias de marketing. Experiencia también como fotógrafo en campos deportivos.
