
En una decisión unánime que marca un antes y un después para la relación entre comunidad e instituciones, la junta del condado de Arlington, Virginia, aprobó un cambio crucial en su Política de Confianza. A partir de ahora, la policía local no podrá contactar de manera proactiva al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), eliminando toda referencia en su normativa a los protocolos de colaboración con autoridades migratorias federales.
¿QUÉ ES LO QUE CAMBIA EN ARLINGTON CON ESTA DECISIÓN?
La modificación, aprobada el martes por la tarde, suprime por completo la Sección 7 de dicha política, que anteriormente permitía a la policía de Arlington informar a ICE en casos muy específicos, como delitos violentos graves, pandillas, terrorismo o trata de personas. Pero lo que parecía una medida de seguridad, se convirtió en un obstáculo para algo aún más vital: la confianza entre la ciudadanía y las fuerzas del orden.
Según Takis Karantonis, presidente de la junta, la decisión responde a una creciente reticencia por parte de la comunidad —especialmente la inmigrante— a contactar a la policía local, incluso en emergencias. “Hemos visto una disminución en la seguridad de nuestra comunidad porque la gente tiene miedo de llamar al 911”, declaró, subrayando que el miedo y la desconfianza pueden ser más peligrosos que cualquier política migratoria.
Con esta reforma, Arlington reafirma que su prioridad es la seguridad pública local y no la aplicación de las leyes migratorias federales. La miembro de la junta, Susan Cunningham, lo dejó claro: “La aplicación de la ley migratoria sigue siendo responsabilidad federal. No es nuestra responsabilidad. No lo haremos”. Un mensaje contundente que busca reforzar la idea de que el condado está al lado de su gente, sin importar su estatus migratorio.

PESE A ESTE CAMBIO, ICE AÚN PUEDE OPERAR EN ARLINGTON
La ley estatal de Virginia exige que toda persona ingresada en el centro de detención del condado sea registrada en una base de datos federal a la que ICE tiene acceso. Pero ahora, ese acceso no contará con la colaboración voluntaria y proactiva de las autoridades locales, a menos que la ley lo exija expresamente.
Desde una perspectiva política, la decisión también fue un acto de resistencia frente al endurecimiento de las posturas migratorias a nivel nacional. La miembro de la junta Maureen Coffey fue tajante al denunciar estas tendencias: “Afirmar que no se requiere el debido proceso en los procedimientos migratorios no es normal”, dijo. Para ella, garantizar que una madre no tenga miedo de pedir ayuda para su hijo es tan importante como mantener el orden público.
El cambio fue bien recibido por defensores de derechos humanos y representantes comunitarios que por años alertaron sobre el peligro de convertir a la policía local en una extensión de ICE. Para muchos residentes, especialmente indocumentados, el simple acto de buscar ayuda se volvía una amenaza existencial. Hoy, Arlington les dice: “estamos aquí para proteger, no para perseguir”.
Al final, el vicepresidente de la junta, Matt de Ferranti, resumió el espíritu de esta transformación con una frase que resuena más allá del condado: “Los hechos han cambiado, por lo que nuestras políticas deben cambiar”.
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Periodista con experiencia en redacción y creación de contenido digital. Soy licenciado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Trabajé en medios de comunicación y agencias de marketing. Experiencia también como fotógrafo en campos deportivos.