:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/40fb7e67-5912-4195-8777-deb262bbebde.png "Foto de Pedro Bustamante")
Todo lo que ocurre con las políticas migratorias en Estados Unidos no es un tema nuevo, pero sí uno que siempre está en el centro del debate político y social. Y es que, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las medidas en esta materia no solo han cobrado fuerza nuevamente, sino que están adoptando un tono mucho más confrontativo, duro y hasta radical.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó una lista que ha dado mucho de qué hablar. Se trata de un listado oficial con las jurisdicciones consideradas como “santuarios” por obstaculizar los esfuerzos del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración. Muchos pensaban que Nueva York o Illinois estarían a la cabeza. Pero no fue así. Y créeme, el verdadero protagonista te va a sorprender o tal vez no tanto, si sigues el tema de cerca.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere intensificar los operativos para detener a inmigrantes ilegales (Foto: AFP)
EL “ESTADO SANTUARIO” QUE ENCABEZA LA LISTA
El estado que encabeza la lista como el principal “estado santuario” de Estados Unidos es nada menos que California. Así lo confirmó el propio Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado donde no se anduvieron con rodeos: acusan a este estado de “socavar el Estado de derecho” y de poner en riesgo tanto a los ciudadanos como a las fuerzas del orden.
Según el informe, California lidera con 48 condados y 63 ciudades que cuentan con políticas santuario. Estas políticas, como probablemente ya sabes, limitan o directamente impiden que las autoridades locales colaboren con ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), sobre todo en lo que respecta a la detención y deportación de inmigrantes con antecedentes penales.
LA ORDEN EJECUTIVA DETRÁS DEL INFORME
Todo esto está enmarcado en la Orden Ejecutiva 14287, firmada por Trump como parte de su estrategia para presionar a los gobiernos locales. Básicamente, este dictamen exige al DHS que publique regularmente una lista pública de aquellas jurisdicciones que, a su criterio, entorpecen la aplicación de la ley migratoria federal.
La lógica detrás de esto es clara: aumentar la presión pública y política para forzar un cambio. Y en el caso de California, esa presión viene con fuerza. La secretaria del DHS, Kristi Noem, no se guardó nada al afirmar que los políticos que promueven estas medidas están “poniendo en peligro a los estadounidenses para proteger a delincuentes extranjeros ilegales violentos”.
¿QUÉ CIUDADES ESTÁN EN LA MIRA?
No se trata solamente del estado en general, sino de ciudades específicas que ya han sido señaladas por sus políticas de no cooperación con las autoridades federales. Entre las más destacadas están Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Sacramento, San José, Santa Ana, Oakland, Berkeley y Fresno.
En todas estas jurisdicciones, las autoridades locales han aprobado ordenanzas que limitan los operativos de ICE en cárceles, impiden el intercambio de información entre agencias, o directamente prohíben cualquier colaboración con agentes federales.
EL CHOQUE TRUMP-NEWSOM
Como puedes imaginar, este informe del DHS ha reavivado el conflicto entre el presidente Donald Trump y el gobernador de California, Gavin Newsom. Ya desde el inicio del nuevo mandato, el californiano ha sido un opositor declarado de las políticas migratorias del mandatario nacional, y ha defendido a capa y espada la postura de su estado como estado santuario.
Lo que está ocurriendo ahora no es más que una continuación —mucho más agresiva— de esa pelea política. Y lo que se está jugando aquí va mucho más allá de un simple cruce de declaraciones: se trata del rumbo que tomará la política migratoria en uno de los estados más poblados y diversos del país.
Newsom es uno de los principales opositores de la política migratoria de Donald Trump (Foto: AFP)
¿MEDIDAS MÁS SEVERAS EN CAMINO?
La publicación de esta lista no es solo simbólica. El gobierno de Trump ha dejado claro que se avecinan medidas más severas para aquellos estados y ciudades que no colaboren con las autoridades federales. Aunque aún no se han detallado todas, se habla de posibles restricciones presupuestarias, aumento de redadas y hasta el despliegue de Guardias Nacionales para facilitar las deportaciones.
Según el DHS, estas acciones son necesarias porque las políticas santuario han permitido que “extranjeros con antecedentes criminales salgan en libertad en lugar de ser entregados para su deportación”. Una afirmación que, por supuesto, es duramente criticada por organizaciones defensoras de los inmigrantes.
Aquí es donde la conversación se vuelve más compleja. Desde el lado de los defensores de los derechos de los inmigrantes, se insiste en que las políticas santuario protegen a las comunidades vulnerables, permiten que las personas denuncien delitos sin miedo a ser deportadas, y fortalecen el tejido social en lugar de romperlo con redadas y detenciones arbitrarias.
Pero desde el lado del gobierno federal, la narrativa es muy diferente: se habla de riesgo a la seguridad nacional, de impunidad para delincuentes extranjeros y de un sistema de justicia que, según ellos, se está debilitando por decisiones locales.
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Bachiller en Periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con siete años de experiencia en medios de comunicación escritos, tanto en ediciones impresas como digitales. Actualmente redacto para el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.
