En medio del revuelo y críticas generadas a raíz de este anuncio, entre ellas cuestionamientos a la poca claridad del procedimiento de intervención y las sanciones que derivarían de ella, el Gobierno se vio en la necesidad de emitir el reglamento que la norma. Con estas especificaciones, son las motos delivery las que se han visto afectadas principalmente.

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El reglamento indica que solo se podrá prestar el servicio de delivery si los conductores están habilitados e inscritos en el Registro Nacional de Prestadores y Conductores del Servicio y Actividad de Transporte de Envíos de Entrega Rápida, que recientemente ha sido creado.

Las municipalidades provinciales serán responsables de mantener actualizado este documento. Las personas que incumplan con el reglamento serán multadas con 0.8 UIT y se les retendrá el vehículo.

En el mismo texto hacen hincapié que los trabajadores no podrán movilizarse con acompañantes.

Más adelante, especifican que los conductores de moto lineales deben portar cascos de seguridad, anteojos protectores transparentes y chalecos de material retrorreflectivo, el cual debe tener en la espalda el número de matrícula de la Placa Única Nacional de Rodaje de la motocicleta.

Los motociclistas desarrollaron el último martes una movilización desde el Campo de Marte hasta la sede de la Defensoría del Pueblo para protestar por la reciente norma que limita el número de ocupantes de una moto. Incluso anunciaron una próxima marcha para el próximo domingo en la avenida Salaverry.

Ante tal escenario, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, indicó que su gestión impulsaría el desarrollo de un software, con el apoyo de la inteligencia artificial, que permita la creación de un aplicativo para que se registren las personas que usan la motocicleta como medio de trabajo. Además, remarcó que se busca que la base de datos de las municipalidades que otorgan licencias de conducir a los motociclistas se uniformice y permita determinar si un brevete es válido o no.

“Estamos desarrollando un software, haciendo uso de la inteligencia artificial, que permita hacer el aplicativo para que estén incluidos todos los que tengan actividad laboral en moto. Los deliverys deben tener un registro porque mucha gente simula ser delivery y son asaltantes. Ese lado de la formalización del trabajo del delivery es nuestra prioridad”, afirmó el funcionario.

“Todas las municipalidades entregan licencia de conducir a motociclistas, sin embargo, no hay una sola data uniforme que sirva para determinar si ese documento es válido o no”, añadió.

Esa promesa, si bien no dejó satisfecha a la comunidad de moteros, plantó un punto de partida para lo que en definitiva fueron los cambios y ajustes en el reglamento.

Es por ello que en las últimas horas, El Comercio confirmó que se realizaron reuniones importantes entre la comunidad de moteros y representantes del Gobierno.

Este diario pudo conocer que desde el gobierno admitieron que el anuncio inicial lejos de brindar acciones concretas para la lucha contra la criminalidad, dejó dudas y cimentó serios cuestionamientos a lo que fue calificado como una medida “absurda, antitécnica y apresurada”.

Una situación clave fue la decisión unánime de los moteros de no acatar la medida. Vale decir: estos iban a seguir circulando con ocupantes, incluso algunos de ellos indicaron que no se someterían a las intervenciones.

Diego Sarazu, representante de Moteando Perú, afirmó a El Comercio que su colectivo decidió no acatar la norma del Gobierno y que usarán las motociclistas para trasladar a una persona más, pues remarcó que en el decreto supremo no se estipula ninguna sanción ni el procedimiento de fiscalización. “Al no haber una respuesta de ellos (de la Defensoría del Pueblo) ni de las autoridades, hemos decidido no acatar la norma”, aseguró.

Además, consideró que la medida dispuesta por el Gobierno “será un saludo a la bandera”, pues, a su entender, resulta imposible que las autoridades fiscalicen en todo Lima y Callao a las personas que se desplazan en pareja en una moto.

Advirtió que la medida dispuesta por el Gobierno ocasionaría que se genere más congestión vehicular, ya que algunos motociclistas optarían por usar vehículos particulares para trasladar a sus familiares al colegio o a su centro laboral.

No obstante, se mostró partidario de que se efectúen más operativos de fiscalización a los motociclistas, pero no solo a los que se trasladan en pareja, pues recordó que también cometen delitos aquellos sujetos que se movilizan solos en una moto.

Por su parte, José Luis Huamán, representante de la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú (AHMUP), indicó que, la norma no precisaba el procedimiento de intervención, es por ello que pidieron a sus integrantes que graben cuando un policía los intervenga, a fin de denunciar eventuales casos de abusos de autoridad.

En esa línea, recordó que un policía no puede llevar a un motociclista a una comisaría si este último tiene sus documentos en regla y no es sospechoso de haber cometido un delito. Precisó que solo se permite el traslado de una persona a una dependencia policial para el control de identidad en caso no tenga DNI.

Danny Mendoza, presidente de la Comunidad Motera del Perú, cuestionó la restricción que se aplica a las personas que viajan en una moto, pues “afecta más a los buenos que a los malos”, pero en la previas se mostró confiado en que los policías tengan “el criterio” de saber aplicar la norma cuando el pasajero sea familiar del piloto.

En la previa, el general PNP Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, reconoció que el no cumplimiento de la norma que establece que solo una persona puede desplazarse en una moto no constituye una infracción administrativa, pero que los agentes policiales sí pueden intervenir a los motociclistas y hacer control de identidad y, eventualmente, llevarlos a la comisaría.

 “Si bien es cierto no existe en el Reglamento Nacional de Tránsito una infracción administrativa para sancionar por la Policía de Tránsito, además que no constituye tampoco la comisión de un delito de tipo penal, pero la Policía Nacional, dentro de sus actividades, puede intervenir en el desarrollo de las operaciones, como en el control de identidad, para poder revisar la documentación de estas motos lineales, así como la identidad de las personas que están ocupándolas”, indicó Felipe Monroy.

“Vamos a hacer uso de lo que nos permite la ley. Para la identificación plena de un ciudadano nacional tenemos hasta cuatro horas, mientras que para la identificación plena de un ciudadano extranjero tenemos hasta 12 horas”, agregó.

El oficial PNP indicó que los policías actuarán con flexibilidad en situaciones en las que los ocupantes de una moto son, por ejemplo, una madre de una familia y su hijo que se movilizan en dirección al colegio del menor. Precisó que durante los operativos participarán unidades especializadas de la Policía, como la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Dirove), la División de Extranjería y Sucamec.

“Vamos a dar tranquilidad a las personas. La Policía va a entender, dentro de esta restricción, de que una ciudadana está llevando en horario escolar a su hijo con un casco donde permita la visibilidad de su rostro, obviamente la vamos a identificar, pero vamos a permitir su traslado porque no constituye un peligro”, argumentó.

“Esta restricción es para aquellas motos lineales que constituyen un peligro para la sociedad, sobre todo vamos a incidir en aquellas motos lineales con un ocupante o con dos que tengan los cascos ahumados, que no permitan la visibilidad de su rostro, esos cascos que cubren todo el rostro. Si están con un casco tipo gaviota, que permite toda la identificación del rostro, vamos a ser flexible en ese aspecto, pero sin dejar de cumplir la norma”, añadió.

Un punto en el que han coincido los representantes de los grupos y colectivos de motociclistas es que el decreto supremo, emitido el último domingo, no era claro en su contenido, ya que no establecía sanción administrativa ni económica para los que no cumplan con lo dispuesto.

José Luis Huamán, José Luis Huamán, representante de la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú (AHMUP), afirmó que las autoridades no habían elaborado de manera adecuada la norma que limita el número de ocupantes, pues recordó que no especificaba la infracción ni el procedimiento de intervención por parte de la Policía. Incluso, aseveró que la restricción para los motociclistas entró en vigencia desde la publicación del dispositivo legal y en él se hace referencia al anterior decreto supremo.

“Lo hicieron mal, lo han elaborado a la volada, al caballazo, no lo han hecho bien. La norma no tenía una sanción penal ni administrativa y no especificaba un procedimiento de intervención”, manifestó Huamán a El Comercio.

Otro punto en el que coinciden los voceros de los motociclistas es que en la norma se mencionaban que no se permitirían accesorios adicionales a los cascos, pero recordaron que un conductor solo usa el casco y ningún otro implemento, lo cual evidencia, indicaron, desconocimiento del tema. Danny Mendoza explicó que los cascos con visores polarizados vienen así de fábrica y que no se le añade ningún elemento. Remarcó que tal vez las autoridades se refieran a los pasamontañas o balaclavas, que son prendas que usan los pilotos en temporadas de bajas temperaturas.

David Montes, representante de la Asociación de Motociclistas del Perú (Asmope), señaló que los cascos con visores polarizados sirven en casos en los que hay un intenso sol que impide la visibilidad.

Los representantes de los motociclistas indicaron que la propuesta para implementar un salvoconducto que permita circular a dos personas en moto surgió durante el diálogo que tuvieron con el defensor del Pueblo Josué Gutiérrez, días antes de que el Gobierno emitiera el decreto supremo. José Luis Huamán contó que el salvoconducto se iba a obtener de similar forma que los pases laborales que se emitieron en la cuarentena por la pandemia del COVID-19.

Diego Sarazu explicó que aceptaron ante la Defensoría del Pueblo la implementación del salvoconducto debido a la grave situación que afronta el país en materia de seguridad ciudadana, pero con la condición de que sea temporal, es decir, por los 30 días que duraría el estado de emergencia. Por ello, lo consideró como “una burla” que no se haya concretado tal acuerdo.

Similar posición expresó Danny Mendoza, quien detalló que los motociclistas accedieron a que se limite el número de personas que viajan en una moto porque el defensor del Pueblo se comprometió a gestionar ante el Gobierno la implementación del salvoconducto.

David Montes, representante de la Asociación de Motociclistas del Perú (Asmope), señaló que funcionarios de la Defensoría del Pueblo le informaron que hicieron llegar al Mininter la propuesta del salvoconducto, pero les respondieron que ya no era posible porque el decreto supremo sobre las restricciones a las motos ya estaba elaborado.

Montes indicó que, tras la protesta del último martes, la Defensoría del Pueblo se comprometió ante los motociclistas a interceder para gestionar una reunión con el Ministerio del Interior y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para que expliquen su posición sobre la norma.