La Ley N.º 32331 fue publicada en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. En ella se establece que el uso de servicios higiénicos públicos debe regirse estrictamente por el sexo asignado al nacer. Es decir, una persona trans deberá utilizar el baño correspondiente a su sexo biológico y no a su identidad de género.

La norma también detalla que niños y adolescentes tienen derecho a la indemnidad sexual en todos los espacios, incluyendo ámbitos públicos, educativos, recreativos, digitales y comerciales. Este derecho se entiende como la protección frente a intromisiones, influencias o estímulos que puedan afectar su desarrollo psicosocial y su formación sexual, hasta que alcancen la madurez necesaria para ejercer su libertad sexual de manera autónoma.

El artículo 3 establece que es deber del Estado salvaguardar este derecho, a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el Ministerio de Educación y el Ministerio Público. Asimismo, se advierte que quienes incumplan esta ley podrán recibir sanciones administrativas y penales, según corresponda.

Christian Rosas, vocero del colectivo “Con mis hijos no te metas” y politólogo internacionalista declaró que “el triunfo de una ley justa es un mérito de la consciencia humana y un precedente que debe replicarse en todos los países. El Perú simplemente está dando el primer paso. No olvidemos que para que una ley sea legítima, debe ser justa. Y no puede haber justicia basada en una mentira, como la fantasía de que un hombre puede cambiar de sexo. A lo mucho podrá disfrazarse o mutilar partes de su cuerpo, pero nunca cambiar su sexo”.

“El niño no debe ser expuesto a situaciones que afecten su desarrollo sexual natural ni a elementos que comprometan su salud física o moral. Tiene derecho a crecer sin exposiciones intencionales a perversiones o desnaturalizaciones. Cuando el Estado cede ante una mentira, debilita su brújula moral. Luego, los niños pierden la capacidad de discernir entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso”, agregó.

El vocero también señaló que “no se discrimina a las personas por rechazar sus fantasías. La disforia de género sigue catalogada como un trastorno en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Negar la realidad es una forma de disociación, y el Estado, como garante del orden, no puede tolerar estas costumbres engañosas”.

“El Código Penal ya contempla la figura de indemnidad sexual, por ejemplo, al exponer a un menor a contenido sexual de forma prematura. Esta ley refuerza ese concepto: si en una marcha del orgullo LGTBI alguien se desnuda ante un niño, podrá ser denunciado penalmente. Este derecho ya está protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13.4”, sostuvo.

En tanto, Lesly Quispe, activista trans, defensora de derechos humanos y miembro de Féminas Perú y del colectivo Marcha del Orgullo LGTBIQ+ Lima, expresó a El Comercio que el artículo más preocupante es el 5, que regula el ingreso a los baños. “Con el resto de artículos estamos de acuerdo, porque hablan sobre la protección de las infancias. Pero el artículo 5 vulnera directamente el derecho de las personas trans”, señaló.

“Una autoridad que legisla en función de su credo no actúa correctamente. Tiene que legislar para toda la población peruana”, agregó.

Respecto al reconocimiento de la identidad de género en el DNI, Quispe recordó que existe un proyecto presentado en 2016 que sigue estancado. “Estadísticamente, los agresores sexuales suelen ser hombres cisgénero heterosexuales”, indicó.

El abogado penalista Aarón Alemán señaló a El Comercio que esta norma podría ser considerada inconstitucional por vulnerar derechos fundamentales como la igualdad, la identidad y la no discriminación. Además, estaría en contradicción con tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Perú, como el Pacto de San José.

Alemán también advirtió que "contempla sancionar administrativamente a establecimientos que cuenten con baños inclusivos, como el aeropuerto Jorge Chávez, lo que los obligaría a modificar su señalización para ajustarse a la norma”, explicó.

“La comunidad LGBT podría plantear una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional, o recurrir a organismos internacionales. No sería la primera vez que en América Latina se sanciona una norma por discriminación basada en identidad de género. Este caso podría tener consecuencias a nivel internacional”, concluyó.

Aeropuerto Jorge Chávez: ¿qué pasará con los baños inclusivos?

Con la publicación de la Ley N.º 32331, surge la duda sobre el futuro de los baños inclusivos ya implementados. En este caso, El Comercio constató que el único de este tipo conocido públicamente en el país se encuentra en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el cual fue objeto de una denuncia controversial hace dos años precisamente por este motivo.

Ante ello, Lima Airport Partners (LAP), empresa concesionaria del aeropuerto, declaró a este diario que, comprometidos con los derechos humanos, la diversidad y la inclusión, implementaron señalética inclusiva en los baños del terminal con el objetivo de promover un espacio respetuoso para todos. “Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en la Ley N.º 32331, LAP procederá a realizar los ajustes correspondientes en la señalética”, comunicaron.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad y el respeto. Seguiremos garantizando que todos los pasajeros, sin importar su identidad de género, origen u otra condición, sean tratados con dignidad y sin discriminación. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es un espacio para todos y continuará trabajando para que cada persona se sienta bienvenida y segura”, concluyeron.