El Congreso aprobó duplicar de forma gradual el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) de 2% a 4% entre el 2026 y el 2029 (+0,5 puntos porcentuales por año), lo que incrementaría hasta en S/8 mil millones el presupuesto anual del Fondo de Compensación Municipal (Foncomún).
Sin embargo, la medida enfrenta una limitación estructural: las municipalidades carecen de las capacidades necesarias para ejecutar el gasto eficientemente. Además, al comprometer una porción significativa de la recaudación del Gobierno Nacional, la reforma presiona aún más las finanzas públicas ya deterioradas.
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Recursos sin capacidad de ejecución
En la última década, en promedio, los gobiernos locales han dejado de ejecutar cerca de S/11 mil millones anuales de su presupuesto para inversiones, monto superior al que recibirían por el incremento del IPM. Así, la capacidad de aprovechar estos recursos adicionales es limitada. Según datos del MEF, más de la mitad de las municipalidades ejecutaron menos del 70% de los recursos del Foncomún en los últimos cinco años. Además, casi la mitad del presupuesto de ese fondo se destinó al pago de remuneraciones, mientras que solo el 22% fue orientado a inversión pública.
Pero el problema no es solo de ejecución, sino también de calidad del gasto. En el 2025, nueve de cada diez proyectos de inversión financiados con Foncomún tienen presupuestos menores a S/1 millón. Estas inversiones de menor escala –con impacto limitado en el cierre de brechas– concentraron más de un tercio del total asignado a inversión bajo este fondo. En regiones como Ica, Moquegua y Tacna, todos los proyectos ejecutados con Foncomún estuvieron por debajo de ese umbral.
La fragilidad institucional agrava esta situación. En el 2022, los gobiernos locales concentraron el 62% de las denuncias de corrupción admitidas por la contraloría, mientras que una auditoría realizada en el 2019 reveló que uno de cada tres funcionarios de confianza en gobiernos subnacionales no cumplía los requisitos mínimos para ejercer su cargo.
El Consejo Fiscal ha advertido que incrementar las transferencias sin mejorar simultáneamente los sistemas de planificación, ejecución y control del gasto se traducirá en más ineficiencia.
Finalmente, la norma aprobada tiene una clara falla de diseño. Esta establece que, para acceder a los nuevos recursos disponibles, una municipalidad debe contar con al menos dos instrumentos de gestión. Sin embargo, se calcula que solo uno de cuatro distritos cumple esta condición, y que casi la mitad no cuenta con ningún instrumento. Dado que estos últimos se concentran principalmente en zonas de menor pobreza, la medida no contribuiría a una distribución más equitativa del presupuesto.
Impacto fiscal
El BCR ha alertado que, dada la rigidez del gasto público y la menor recaudación proyectada, cualquier reforma que recorte ingresos públicos debilita la capacidad del Estado para invertir y atender servicios esenciales como salud, educación y seguridad. En efecto, la medida aprobada amenaza con reducir los recursos disponibles del Gobierno Central hasta en 0,7% del PBI al año. Frente a ello, el IPE estima que, para mantener el nivel de gasto actual, la deuda pública se elevaría a 34% del PBI en los próximos 10 años, casi cinco puntos porcentuales por encima de lo que proyecta el MEF para la misma fecha. Ello sería un máximo desde el 2006, sin considerar la pandemia, cuando la deuda ascendió a 34% del PBI.
Así, en vez de transferir más recursos a los gobiernos locales, lo más efectivo sería fortalecer sus capacidades de ejecutar bien y de generar ingresos propios. Según datos del MEF, en 19 regiones los ingresos directamente recaudados e impuestos municipales representan menos del 30% de los recursos con los que cuentan los distritos. Esta situación no ha cambiado en 10 años.
Principales indicadores. (Infografía: IPE)
Lo que está en riesgo
La institucionalidad fiscal flaquea. Por un lado, el Congreso no presta importancia a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas, mientras que el MEF ha cedido en su rol técnico y rector en materia fiscal. Además, la decisión de flexibilizar la meta de déficit una vez más evidencia la ausencia de un compromiso con la consolidación fiscal. Si no se toman medidas para revertir esta situación, se perderá el grado de inversión, el Perú se alejará aún más de la OCDE y la gran perjudicada será la ciudadanía.
